Manuel Castro
Frente a los problemas del país, debidos en buena parte a la mala gestión gubernamental, la imaginación del Gobierno para enfrentarlos es bastante pobre. Si bien tiene derecho a mantenerse en el poder en forma legal, acude a acciones de distracción con un peligroso fondo.
Por ejemplo, desarticular a las Fuerzas Armadas mediante acciones irrelevantes como suprimir las literas para los soldados, y las de fondo, impedir que, de acuerdo con la Constitución, expresen sus opiniones los militares, basado en que son obedientes y no deliberantes.
El Gobierno obtuvo que, también constitucionalmente, se otorgue el voto facultativo a las Fuerzas Armadas y a la Policía, lo que conlleva que son tan deliberantes, que tienen el poder decisorio del voto y tan desobedientes que muchos de sus votos pueden no ir en favor del Gobierno.
El pacto ético -quienes sean funcionarios públicos de elección popular no puedan tener inversiones en los paraísos fiscales- tiene el absurdo conceptual de que la ética se aplicaría en el futuro. No persigue otro objetivo que desprestigiar a un candidato que puede o no llegar a ser alto funcionario público. Además, como sería sometido a consulta popular, puede darse el caso risible de que fuera rechazado por el pueblo.
El Gobierno pretende, con la consulta de Pamela, dejar sin efecto la transitoria de que la reelección rige a partir del 2017, “ordenada” por el Presidente y aprobada por el Tribunal Constitucional. Algún ciudadano obediente solicita que dicho Tribunal deje sin efecto la transitoria para que Correa se presente en las próximas elecciones.
La política ha dejado de ser una ciencia y un arte para convertirse en un juego de intereses, donde se prescinde de la Ley, de la lógica y del pensamiento de la mayoría de ecuatorianos.