El uso y abuso de fondos públicos para promocionar al candidato supremo e iluminado tendrá su validación de los ciudadanos en las urnas. No así los casos de ideologización política que afectan a varios grupos sociales. La situación de retiro, cesantía, y jubilación de los militares, la expulsión masiva y maltrato de cubanos, la fragmentación y poca capacidad de convocatoria desde las organizaciones campesinas y la conducción errónea de la educación superior por actos evidentes de corrupción y la falta de autonomía universitaria merecen también ser consultados.
Solo en regímenes despóticos es posible modificar al Alto Mando Militar cada bimestre para imponer decisiones y ajustar números. Un acto de lenocinio cuando los miembros del orden permiten el derroche oprobioso y la impunidad sistemática frente a la corrupción campante. No es válido permitir la violación a los Derechos Humanos de personas migrantes y de refugiados. No puede mantenerse en silencio la agresión a cientos de cubanos, tras un eje judicial absurdo. Otro punto es el autoelogio de quien se atreve a dar clases de economía en universidades mientras revuelca a la gente en una crisis. En 10 años, la tarima presidencial nunca permitió dialogar, menos hablar sobre la reactivación del sector rural, el campo y la reorganización indígena.
En materia de educación superior, la impunidad frente a la corrupción excedió incluso la racionalidad tras un modelo tecnocrático. Cuando la Fundación Mil Hojas denuncia a la esposa del gestor e ideólogo de Senescyt que sin respeto institucional ni jurídico cobra doble sueldo de una universidad estatal, al Gobierno poco le importa. Algún día se tendrá que saber quién valida el despilfarro y el enriquecimiento ilícito.
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