Después del devastador terremoto de abril, la gran sorpresa se centra en la continuidad de los símbolos del despilfarro, cual faceta ruin de una autoridad codiciosa. Un gobernante que insiste en mantener las famosas sabatinas porque muestran, más que antes, unos informes nimios llenos de ambigüedades, datos inútiles, y esquivan comprender la magnitud de una hecatombe.
Lo segundo es perpetuar esa iconografía del dispendio a través de secretarías inadmisibles como la del Buen Vivir o de la Felicidad o ese reacomodo y refundación de poblados enteros de burócratas que, ante la catástrofe, suenan a mofa y ultraje. Si la ciudadanía supiera cómo se manejan las piezas de la crisis o se definiría la usurpación de las acciones del voluntariado, tal vez la reconstrucción comenzaría al día siguiente.
Sin embargo, tenemos el derecho a pensar en qué sería peor: un Estado administrador, desde un partido político en campaña, en un océano de corrupción, o una sociedad civil fragmentada aunque organizada en las calles y plazas, la cual genera acciones solidarias con los damnificados.
Claro, la reducción del consumo por el alza de tributos es una propuesta impresentable, insólita, e inviable para encarar la reactivación de las zonas afectadas. Con el terremoto las condiciones de los pobres se agravaron, muchos migraron a otras provincias y otros solo sobreviven. Pero ya no puede continuar la ineficiencia del gasto estatal.
Hoy, el país requiere confianza, unión de fuerzas, fraternidad y acabar, de una vez, con peleas innecesarias, con confrontaciones recurrentes y habituales en las 473 sabatinas, representación y signo del despilfarro de una década.
En la memoria colectiva aún está fresco el exabrupto o tal vez hecho planificado del gobernante amenazante. Quizá lo más calamitoso de aquél recorrido presidencial fue la advertencia de cárcel a los desvalidos que griten o lloren en su presencia. Ese sabelotodo malgastador de los fondos destinados para enfrentar desastres. Ese personaje dueño del despilfarro en cantantes, serenatas y farras, a quien un país le pide ¡que acabe el derroche!
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