La indiferencia es el peor de los sentimientos. En el país, si bien manifestamos alguna repugnancia a casi la totalidad de los actos gubernamentales, por sus excesos e irrespeto a la Constitución y a las leyes vigentes, al final callamos, sea por miedo o por el fácil camino de culpar a los demás. Pero los desaciertos nos llegan a todos y luego tarde para reclamar o denunciarlo, porque la indiferencia se impone.
Hay un caso que si se lo deja pasar cobrará réditos inimaginables al mundo de la educación, cultura y libertades. Es el caso de la Universidad Andina Simón Bolívar. El Gobierno ha procedido con habilidades indignas para impugnar y destituir al rector elegido legítimamente.
Para nada ha servido la explicación de que el rector Montaño ha sido calificado antes de que se dicte una transitoria posterior que le hubiese impedido inscribir su candidatura. De nada ha servido el señalar que esa Universidad nace de un acuerdo internacional, el que, de conformidad al Artículo 425 de la Constitución, tiene jerarquía superior y prevalencia sobre cualquier norma jurídica o acto del poder público.
El Gobierno ha amenazado que le va a echar del país. Casi es el “muera la inteligencia” dicho por un viejo y mutilado militar español en una Universidad de Salamanca. Se gastan millones de dólares en Yachay, se intenta ‘manu policiali’ cerrar una Universidad de primera línea, cuando se dispone que esos títulos sean obligatorios para ejercer la docencia universitaria.
La indiferencia es casi general. Los académicos callan. Los estudiantes no hacen oír sus voces. Ciertos profesores preferirían otro rector, indiferencia camuflada para seguir percibiendo sus haberes. Las ideas de libertad y autonomía han envejecido más pronto que sus palabras.