Autora: Katty Alexandra Tenorio Garrido
La compra de renuncia, como figura jurídica, se intentó en algún momento implementar en la ya derogada Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa, teniendo como nombre ‘despido intempestivo’; pero el parlamento denegó este recurso. A fin de cuentas la compra de renuncias se contempló en la que vendría tiempo después a ser la Losep, donde establece el cese de funciones definitivas de los servidores públicos “Por compra de renuncias con indemnización”. Esto se vería reforzado por el reglamento a dicha Ley Orgánica, dictado por el ejecutivo a través del Decreto no. 710, publicado en el Registro Oficial, suplemento No. 418 del 1 de abril de 2011.
Este reglamento contempla que “Las instituciones podrán establecer la compra de renuncias de manera forzosa, conforme lo determinado en la letra k, del artículo 47 de la Losep. Los servidores públicos deberán cumplir obligatoriamente los procesos de compra de renuncias aplicados por la administración. La norma no se aplica para aquellos cuyos cargos son de libre designación y remoción. Esta figura de compra de renuncia se encuentra generalizada y no considera a ciertos grupos vulnerables como las personas con discapacidad.
Marco legal
En el artículo 47 de la Constitución Vigente se señala que el Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social. Se reconoce a las personas con discapacidad, el derecho al trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, que fomente sus capacidades y potencialidades, a través de políticas que permitan su incorporación en entidades públicas y privadas.
La Losep, en su artículo 47, literal k, contempla que un servidor cesará sus funciones por compra de renuncias con indemnización.
Doctrina
El Jurista español, Eduardo García de Enterría, en su libro: Curso de derecho administrativo, define al acto como “la declaración de voluntad, de juicio, de conocimiento o de deseo realizada por la Administración en ejercicio de una potestad administrativa distinta de la potestad reglamentaria”. Un acto administrativo es una declaración voluntaria que se realiza en el ejercicio de la función pública y genera efectos jurídicos individuales de manera inmediata. Este tipo de actos constituye una manifestación del poder administrativo que se impone de manera unilateral e imperativa.
Derecho comparado
La Organización Internacional del Trabajo, a través de un informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, sugiere varios cambios a la legislación laboral en Ecuador para que se ajusten al Convenio 98, relativo a la negociación colectiva en el sector público.
Las recomendaciones fueron realizadas por la Comisión antes de la visita al país que hizo a inicios de este año la Misión Técnica de la organización. La Comisión pide al Gobierno que tome “las medidas necesarias” para que la legislación incluya una disposición que garantice la protección contra la discriminación anti sindical.
Conclusión
El presente trabajo de investigación sobre cómo afecta a los Servidores Públicos con discapacidad la Compra de Renuncias Obligatorias, se trata de un estudio sobre la violación de los derechos laborales. Nos ha llevado a realizar un análisis comparativo con algunas legislaciones, a fin de encontrar las causas que producen los despidos a través de las renuncias, para poder tener una visión real de sus efectos y consecuencias. Por medio de la compra de renuncia obligatoria se está atentando contra la estabilidad laboral. En lo que respecta a los trabajadores del sector público con discapacidad, se constituye en un atropello a elementales derechos constitucionales y que en el ámbito del Derecho laboral se configura un despido intempestivo. El Ecuador debería acoger el Informe de la Misión Técnica de la Organización Internacional del Trabajo respecto de este tema.