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Asambleísta Clever Jiménez denuncia a la jueza Lucy Blacio por previcariato

SEP, 06, 2012 | 09:28

DENUNCIANTES. Cléver Jiménez (izq.), junto a Fernando Villavicencio (der.) en una de las diligencias judiciales.
La jueza nacional Lucy Blacio Pereira enfrenta desde ayer una denuncia en la Fiscalía General del Estado, por el presunto delito de prevaricato en el que habría incurrido al haber autorizado el enjuiciamiento penal del asambleísta Cléver Jiménez Cabrera (PK) sin autorización previa de la Asamblea Nacional.

El Art. 128 de la Constitución, inciso segundo dice: “Para iniciar causa penal en contra de una asambleísta se requerirá autorización previa de la Asamblea Nacional, excepto en los casos que no se encuentren relacionados con el ejercicio de sus funciones”.

Cléver Jiménez presentó en agosto de 2011 una denuncia en contra del presidente, Rafael Correa, imputándole varios delitos, entre estos el de lesa humanidad, por los hechos registrados durante la +rebelión policial del 30 de septiembre de 2010. La denuncia fue investigada por el fiscal Galo Chiriboga y luego desestimada, y el conjuez nacional Richard Villagómez la calificó de temeraria y maliciosa.

El presidente inició en contra del asambleísta una querella penal  acusándole de ser el autor y responsable del delito tipificado y sancionado por el Art. 494 del Código Penal: presentar en su contra una denuncia que no ha sido probada durante el juicio.

Acción de la jueza

Propuesta la querella, la jueza Blacio, el 15 de agosto el 2012, la calificó de clara y precisa, y ordenó que se notifique a los querellados Cléver Jiménez (Pachakutik) Fernando Villavicencio (Polo Democrático) y Carlos Figueroa (Federación Médica Ecuatoriana).

Para el asambleísta Jiménez existe una grave irresponsabilidad con la que ha procedido Blacio, al iniciar juicio penal en su contra, omitiendo voluntariamente cumplir con el requisito constitucional, de solicitar autorización a la Asamblea Nacional, para iniciar esta acción legal, conforme lo dispone el Art. 128 de la Constitución.

Alega además que dentro de los principios supremos, la inmunidad parlamentaria, como institución del derecho constitucional que protege la dignidad de los legisladores, está instituida como una figura superior en todos los estados del mundo, que es garantizada por sus gobernantes y sus órganos de administración de justicia.

Asegura que esta garantía constituye un derecho inviolable e inalienable en su calidad de legislador, por lo que no puede ser desconocida por ninguna autoridad.



 Normativa legal para el caso

La conducta adoptada por la jueza Lucy Blacio Pereira, al haber calificado la querella propuesta por el presidente Rafael Correa y ordenado su citación al asambleísta, se enmarcaría en el Art. 217 del Código Penal.

Esta normativa dice: “En iguales penas incurrirán los jueces y demás empleados que procedieren del modo que indica el artículo anterior respecto de los senadores y diputados, mientras gozan de inmunidad, salvo el caso de delito flagrante previsto en la Constitución”.

El Art. 216 señala: “Serán reprimidos con multa de ocho a treinta y un dólares de los Estados Unidos y prisión de uno a tres años, los jueces y demás empleados que, sin las autorizaciones prescritas en la Constitución, hubieren solicitado, expedido o firmado un auto o sentencia contra el Presidente de la República o el que le subrogue, o contra los ministros de Estado…”.


El dato
El 30-S hubo una rebelión en reclamo de beneficios salariales. Terminó en un enfrentamiento entre militares y policías, que dejo varios muertos y heridos.