La Sociedad de Lucha Contra el Cáncer (Solca), es una institución de derecho privado con finalidad de servicio público, creada el 15 de octubre de 1953, con el propósito de efectuar la Campaña Nacional contra el Cáncer en Ecuador. Sus objetivos se cumplen mediante planes de enseñanza e investigación cancerológica a fin de alcanzar sus metas de: Prevención, tratamiento, diagnóstico y mitigación de la enfermedad. Son 63 años que los hospitales de Solca, han brindado atención a miles de pacientes de cáncer y enfermedades catastróficas con un trabajo serio y responsable, en medio de casos humanos calamitosos, a veces irreversibles.
Actualmente, esta institución de prestigio ejemplar, está en apuros económicos por la deuda de 130 millones de dólares que el Gobierno mantiene con ella, lo que motivó el reclamo respetuoso de sus directivos para la entrega de esos recursos, pues los tratamientos de pacientes con enfermedades catastróficas y terminales no pueden esperar. Frente a estos requerimientos, la respuesta oficial se la dio con la arrogancia e ironía de siempre, intentando deslegitimar las justas demandas de esta institución: “Que pena que me pregunten esto, porque no es un tema muy importante, yo creí que tenía que ver…”, “si les está costando tanto ser humanistas con la plata del Estado, porque nos hemos atrasado por un par de meses por los problemas que todos conocen, no se preocupen, no se sacrifiquen, dennos las instalaciones y nosotros atenderemos a los ciudadanos” ha expresado últimamente el presidente Correa en relación a los pedidos de Solca, al tiempo de manifestar que la Ley que permite a esta entidad beneficiarse del impuesto del 0.5% a las operaciones de crédito, es ilegítima, olvidando que eso fue establecido en el Código Monetario, aprobado en 2014 con el respaldo de los asambleístas de PAIS.
Este asunto no tiene justificativos, el Gobierno está obligado a pagar la deuda y cumplir lo dispuesto en el Art. 35 de la Constitución, que señala: “Las personas adultas mayores, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de la libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada, en los ámbitos público y privado….” Punto.