Control social

LIBER ANDRADE SALAZAR

La novela del juego de intereses de autoridades y empresas constructoras por la ampliación del tramo Unión del Toachi-KFC de la arteria vial nacional Quito-Santo Domingo, al parecer ha iniciado con la fase de ejecución con la contratación directa entre el GADP de Santo Domingo de los Tsáchilas y la compañía Hidalgo & Hidalgo, luego de resolverse por la contratante la terminación unilateral del contrato adjudicado al Consorcio Tsáchila.

Autoridades como empresarios impulsaron actos inadecuados, nada transparentes que, hasta una Jueza se prestó en este juego.

Los ciudadanos, organizaciones de transportistas, sociales y otros no fueron debidamente informados en los eventos de suscripción del primer contrato, inicio y resolución del mismo y, finalmente la firma del segundo contrato. Ciertas organizaciones, entre ellas la Comisión Nacional Anticorrupción, Capítulo Santo Domingo, objetó la decisión del GAD de Santo Domingo de asumir la construcción de una parte de la vía que, al ser una arteria vial nacional, corresponde al Ministerio de Obras Públicas ejecutar la obra.

Conforme el Art. 31.28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, la Contraloría por medio de Auditoría Interna debió realizar el seguimiento y control de esta obra pública, actuando en las diferentes fases o etapas o en cada una de ellas, hasta su ejecución total; pero al no hacerla, deben realizar una auditoría a las fases pre y contractual, inicio y resolución de terminación del primer contrato, segundo contrato y por supuesto la verificación de falta o no de competencia de construcción de parte de la vía. De verificarse o no, actos de acción u omisión en perjuicio de la provincia, deben establecerse responsabilidades administrativas, civiles y penales pertinentes. La ciudadanía de la provincia y el país así lo requiere.

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