Es destacable que el gobierno y la población ecuatoriana hayan respondido con sensibilidad.
Melania Carrión G.
La llegada de cerca de dos mil campesinos colombianos a la frontera ecuatoriana significó sino un momento de emergencia en la que el gobierno receptor puso a prueba su capacidad de respuesta y en donde se hizo elocuente el silencio del país emisor.
No debería sorprender la débil respuesta del gobierno colombiano por su inhabilidad para manejar el conflicto interno y el canje humanitario que devela su poca capacidad de negociación y sensibilidad. El gobierno ecuatoriano se adjudicó un punto a favor en la deteriorada relación con el vecino país, no precisamente por una total respuesta o por una preparación anticipada, sino por lo sui géneris de la situación.
En efecto, cabe destacar que los campesinos colombianos al parecer no huyeron de su país debido a las operaciones armadas entre la guerrilla y el ejército; tal parece que su movilización respondió a un acto estratégico de presión al parsimonioso gobierno de Uribe por su indolente política de aspersiones de glifosato, erradicación manual y operaciones militares.
Es destacable que el gobierno y la población ecuatoriana hayan respondido con sensibilidad pues quienes llegaron en la última semana al Ecuador no cumplen con la definición de refugiados internacionalmente aceptada por lo que más adecuado sería referirse a una migración forzada repentina, figura de la que los países europeos han hecho interpretaciones atentatorias a los derechos humanos.
Lo acontecido sugiere las siguientes consideraciones: Ecuador no se descuida de la amenaza que el conflicto colombiano significa para sus fronteras, pero tampoco se niega a responder en emergencias humanitarias, sin embargo, debe empezar con urgencia programas orientados a prepararse para estos casos. Colombia debe reconocer que su vecino país está haciendo esfuerzos por mejorar las relaciones, pero debe también asumir sino la responsabilidad total sí la corresponsabilidad en los gastos que se generaron durante la emergencia; la sociedad civil organizada en los sectores fronterizos requieren estar más preparada para estos casos; y, la nueva Constitución en el Ecuador deberá incluir lineamientos que permitan definir la respuesta del gobierno ecuatoriano a situaciones de migraciones forzosas repentinas.
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