Adolfo Coronel Illescas
El lunes anterior delegaciones de profesores fiscales de varias provincias del país se dieron cita en la ciudad de Quito para manifestar, a través de un plantón, su protesta y reclamo al Ministerio de Educación y por supuesto al Gobierno por el maltrato que reciben los educadores con nombramiento permanente en los sueldos que perciben. Tanto el gobierno anterior como el actual han olvidado por años el incremento, no así a los profesores contratados que tienen remuneraciones muy superiores a las de un docente con 15 ó 20 años de servicio, propiciando la inequidad en el magisterio que la rechazan y exigen la nivelación o mejora de su condición económica, advirtiendo que la ley y la lógica exigen que, a igual esfuerzo, igual remuneración.
Pero además los contratados aparte de un mejor sueldo, en algunos casos, tienen privilegios en el distributivo de trabajo docente y en el escogimiento de materias de su preferencia, lo que hace pensar, que siguen los compromisos políticos bajo la mesa. Al respecto sugieren que en apoyo a la campaña “cero corrupción” y como parte de alguna materia social, se encargue el reto de enseñar los valores éticos, cuya escala está desapareciendo en especial la honestidad cuyo antivalor es la corrupción, practicada con desbocado interés en la “década ganada”.
De otro lado reclaman el incentivo que desde el 2008 hasta la fecha no lo reciben 9.680 profesores jubilados, incluidos los 480 de Loja, y cuya deuda asciende a 1.200 millones de dólares. Se está pagando, pero a ritmo de carroza fúnebre, por eso algunos se van sin cobrar. Además, hace falta el apoyo legislativo para que no se retrase la aprobación de una ley interpretativa de la Comisión de Apoyo a los Jubilados de los años 2008, 2009 y 2010, que están dentro del derecho que les asiste para el pago del incentivo económico, que fuera disminuido por la avaricia y soberbia del exdueño del país y de PAIS.
Son temas que amerita atenderlos por la importancia y trascendencia que tiene la clase educadora. No se descarta una huelga de hambre anunciada por maestros jubilados. El Gobierno debe evitar medidas extremas por la tranquilidad del país, pagando a sus servidores, cumpliendo con sus obligaciones a tiempo y no tenerlos maltratados. (O)