El veto al aborto ha sido bloqueado ya en cuatro estados de EE.UU.

Cientos de personas a favor del aborto legal se manifiestan en contra del fallo del Corte Suprema estadounidense, en Chicago, Illinois (EE.UU.), en una fotografía de archivo. EFE

Organizaciones que defienden y trabajan por este derecho han logrado victorias temporales en Luisiana, Texas, Utah y Kentucky.

WASHINGTON. Las organizaciones que trabajan en favor del derecho al aborto en Estados Unidos han conseguido bloquear en cuatro estados de ese país la aplicación del veto a esa práctica lanzada tras la decisión del Tribunal Supremo de derogar la protección de la interrupción voluntaria del embarazo.

Desde que la máxima instancia judicial estadounidense anunciara su revocación el pasado 24 de junio, American Civil Liberties Union, Planned Parenthood y Center for Reproductive Rights indicaron este 1 de julio de 2022 que han acudido a los tribunales de once estados con la intención de restaurar esa práctica.

Esos tres organismos han actuado de forma conjunta en once estados y ya han logrado victorias temporales en Luisiana, Texas, Utah y Kentucky.

También pleitearon en Misisipi, Arizona, West Virginia, Florida, Idaho, Oklahoma y Ohio, aunque en este último estado los tribunales ya han fallado este viernes y han mantenido la prohibición de abortar más allá de las seis semanas.

Según su recuento, el aborto no está disponible o no lo está con facilidad en unos 12 de los 50 estados estadounidenses, y como resultado de la decisión del Supremo se espera que esa cifra aumente hasta unos 26 en las próximas semanas y meses.

La presidenta de Planned Parenthood, Alexis McGill Johnson, advirtió en conferencia de prensa telemática que los otros 24 estados no serán capaces de absorber el aumento previsto de la demanda.

«Cada día de más es una victoria y vale la pena pelear por cada paciente«, apuntó la representante de la organización que gestiona la mayor red de clínicas de salud reproductiva en el país, haciendo un llamamiento a la movilización individual y colectiva.

El fallo del Supremo derogó la sentencia ‘Roe contra Wade’ (1973), que protegía el derecho al aborto en el país, y la acción conjunta de esas oenegés busca pelear estado por estado por el mantenimiento de esa jurisprudencia y en última instancia lograr una respuesta a nivel nacional.

McGill Johnson apuntó que no es momento ni de guardar silencio ni de mantener una posición neutral, porque ocho de cada diez ciudadanos en el país, según las cifras facilitadas, son partidarios de que el aborto sea legal.

El presidente estadounidense, Joe Biden, apoyó este 30 de junio en Madrid durante la cumbre de la OTAN aplicar la conocida como «opción nuclear» para aprobar una nueva ley del aborto, al manifestar estar a favor de poner en marcha una «excepción» a las reglas parlamentarias.

Las oenegés quieren aprovechar las elecciones legislativas de este noviembre y las presidenciales de 2024 para defender en las urnas el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, e instaron antes a cada ciudadano a presionar a sus políticos locales para que ese derecho siga vigente.

Su llamamiento incluyó la posibilidad de que la Administración de Biden declare una «emergencia nacional» que permita que los pacientes de las zonas donde el aborto haya sido vetado puedan recibir la medicación necesaria desde otros estados, tras haber recibido atención médica telemática para evaluar su situación.

El temor de Biden

Biden teme que un Senado controlado por los republicanos tras las elecciones legislativas de noviembre «tratará de imponer una prohibición nacional» del aborto, en el caso de que se confirmen los sondeos que auguran ganancias de los conservadores en ambas cámaras.

Biden hizo estas declaraciones durante una reunión con gobernadores demócratas de diferentes estados del país para conocer sus esfuerzos para proteger el derecho al aborto.

Entre los asistentes estuvo la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, quien confirmó la intención de su estado de incluir el derecho al aborto en la Constitución estatal, como ya han indicado que harán California y Vermont (gobernado por uno de los pocos republicanos que defienden este servicio sanitario).