La última semana, los regímenes de Ortega (Nicaragua) y Castillo (Perú) procesaron a dos periodistas. Las organizaciones internacionales están alerta.
MANAGUA-LIMA. Los gobiernos de América Latina alineados con el socialismo mantienen una cruzada en contra de los periodistas y la Libertad de Prensa en la región. El caso de los ataques a los comunicadores Carlos Fernando Chamorro y Carlos Yofre López, en Nicaragua y Perú, respectivamente, son ejemplo de aquello.
Chamorro, por ejemplo, es acusado por la Fiscalía de Nicaragua del delito de lavado de dinero. Ante ello, el periodista y editor asegura que el Gobierno que preside el sandinista Daniel Ortega, del que es un fuerte crítico, intentar acallarlo con un juicio que catalogó de político.
Fernando Chamorro, una de las voces más críticas al Gobierno sandinista y galardonado en los 38 Premios de Periodismo Ortega y Gasset, indicó a través del diario digital Confidencial (que dirige), que es víctima de un «juicio político», que -dijo- nació en la residencia del mandatario nicaragüense.
«La Fiscalía tiene la misión de intentar fabricar delitos y pruebas falsas, y la Corte Suprema de Justicia solamente emite las condenas«, añadió desde Costa Rica, donde se encuentra tras abandonar Nicaragua en junio pasado en medio de una ola de arrestos contra varios dirigentes políticos opositores, empresarios y periodistas, en el marco del proceso electoral.
Chamorro fue acusado por la Fiscalía por presunto lavado de dinero, bienes y activos, apropiación y retención indebida y gestión abusiva, dentro de la causa contra la ONG Fundación Violeta Barrios de Chamorro.
Por ese caso, el Ministerio Público también acusó a dos hermanos del periodista: la aspirante presidencial opositora Cristiana María y el exdiputado y exministro Pedro Joaquín, ambos Chamorro Barrios.
Los tres son hijos del héroe nicaragüense asesinado Pedro Joaquín Chamorro Cardenal y de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997).
Cristiana Chamorro era la figura de la oposición con mayor probabilidad de ganar las presidenciales del 7 noviembre próximo, en las que Ortega busca su quinto mandato, cuarto consecutivo, y segundo junto con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
El caso de Perú
El 18 de agosto pasado, la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) del Perú denunció que el comunicador Carlos Yofré López Sifuentes es víctima de una operación de sectores del poder judicial a los que él habría investigado.
López Sifuentes es periodista del portal Barranca.pe, medio a través del cual reveló irregularidades en la Corte Superior de Justicia de la provincia de Huaura.
Dos miembros de la justicia peruana lo denunciaron por calumnias e injurias, y en uno de los casos ya se falló en contra del comunicador, quien se encuentra detenido en una cárcel desde mediados de julio por una supuesta deuda de alimentos que ya habría sido saldada. Pese a ello, se lo mantiene encarcelado.
Uno de los juicios finalizó a principios de este mes y Sifuentes fue condenado a dos años de prisión en suspenso, 240 días de multas y a un pago de 50 mil soles de reparación. El demandante era el ex juez Víctor Raúl Reyes Alvarado, sobre quien el periodista reveló una denuncia de acoso sexual contra una empleada.
Zuliana Lainez, secretaria general de ANP se refirió al caso: «el periodista Carlos Yofré López Sifuentes, del portal Barranca.pe ha revelado, criticado y cuestionado, en los últimos años, irregularidades de algunos magistrados de la Corte Superior de Justicia de Huaura».
Desde la ANP tenemos serias dudas sobre la imparcialidad de los fallos considerando que el propio presidente de la Corte ha hecho escarnio sobre la privación de la libertad del periodista y ha cuestionado su actividad informativa.
Chamorro no es el único en Nicaragua
Los periodistas nicaragüenses Miguel Mora y Miguel Mendoza y la ex primera dama María Fernanda Flores de Alemán fueron acusados por el Ministerio Público de Nicaragua del delito de conspiración contra la integridad nacional, informó la Fiscalía.
En una declaración, el Ministerio Público señaló que los tres fueron acusados de ser presuntos autores del delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, de conformidad con los artículos 410 y 412 del Código Penal, en perjuicio de la sociedad nicaragüense y el Estado de Nicaragua.
35 detenidos y 27 acusados
Con esos tres nuevos casos suman 27 los dirigentes políticos y profesionales independientes que han sido acusados por la Fiscalía en los últimos ocho días por los presuntos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional o lavado de dinero.
Entre los acusados se encuentran Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, que antes de ser arrestados en junio pasado habían anunciado sus intenciones de aspirar a la Presidencia.
En su declaración, la Fiscalía afirmó que «a partir del día de hoy se empezaron a realizar visitas de los familiares a las personas detenidas», en su mayoría desde junio pasado.
En el marco del proceso electoral, las autoridades nicaragüenses han arrestado a 35 dirigentes opositores, entre ellos siete que expresaron su intención de competir por la Presidencia en los comicios de noviembre, en las que el mandatario Daniel Ortega buscará una nueva reelección.
Ortega, un exguerrillero sandinista próximo a cumplir 76 años y que retornó al poder en 2007 tras coordinar una Junta de Gobierno de 1979 a 1984 y presidir por primera vez el país de 1985 a 1990, busca su quinto mandato, cuarto de forma consecutiva, y segundo con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. EFE
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