Redacción BOGOTÁ
Las voces que reclaman un diálogo para poner fin a la violencia en Colombia ganan relevancia, mientras continúan las protestas contra el Gobierno de Iván Duque, que comenzaron hace una semana para pedir el fin de la reforma tributaria, pero que son el reflejo del malestar de una gran parte de la sociedad colombiana.
Mientras las manifestaciones siguieron por noveno día consecutivo en un país que vive con profunda tristeza y malestar la situación social, Duque, que el 5 de mayo hizo hincapié en que los desmanes se deben a «manos criminales» con lazos con el narcotráfico, al siguiente día pidió «escucharnos como sociedad y encontrar soluciones», aunque sigue sin tender la mano a las organizaciones de las protestas.
La Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP/OEA) consideró, en un comunicado, que «estos diálogos son necesarios y urgentes», pues «la actual coyuntura demanda el gesto genuino de todos los actores para conversar sobre los temas que más preocupan a la sociedad colombiana».
Desde colectivos como el de rectores universitarios llaman también a un «diálogo amplio, inclusivo, honesto, alrededor de temas estructurales y urgentes que requieren soluciones construidas como un gran pacto social».
La Defensoría del Pueblo habilitó 60 corredores humanitarios en 17 de los 32 departamentos del país, para el paso de alimentos y medicinas por las vías bloqueadas por manifestantes.
Explotó el descontento social
Las protestas, que comenzaron el pasado 28 de abril con el paro nacional contra la ya retirada reforma tributaria, ahora continúan por mucho más: contra un intento de reformar la salud, que puede llevar a más privatizaciones; contra la brutalidad policial que ha dejado al menos 24 manifestantes asesinados, y por la compleja situación de inseguridad.
«Los manifestantes están, en esencia, retomando lo que dejaron cuando la pandemia de covid-19 apareció en marzo del año pasado, frenando meses de protestas callejeras que habían iniciado en noviembre de 2019», explica la analista sénior del grupo de pensamiento Crisis Group, Elizabeth Dickinson.
Al malestar social por el que decenas de miles de personas salieron a protestar entonces se le han sumado los 3,5 millones de personas que han sido empujadas a la pobreza durante la pandemia, donde los más pobres son diez veces más propensos a ser hospitalizados por la Covid-19 que los más ricos.
Además, la violencia contra la población civil y contra líderes sociales no ha disminuido en estos dos años y de hecho ha aumentado el número de masacres y asesinatos selectivos, donde muchas zonas rurales son terreno de enfrentamiento de distintos grupos armados.
«Estamos apoyando una caravana humanitaria con insumos médicos, que en este momento son vitales para que la población pueda acceder a los servicios de salud», dijo el jefe del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Cali, Manuel Duce, que llevaba oxígeno medicinal y otro material hospitalario hacia las ciudades de Pasto y Popayán.