Sarkozy sentenciado por intentar comprar a un juez

Acusado. Sarkozy, presidente francés entre 2007 y 2012, abandonó la sala de forma inmediata sin hacer declaraciones.
Acusado. Sarkozy, presidente francés entre 2007 y 2012, abandonó la sala de forma inmediata sin hacer declaraciones.

Nicolas Sarkozy se convirtió en el primer expresidente francés condenado a una pena de cárcel.

Nicolas Sarkozy se convirtió este lunes en el primer expresidente francés condenado a una pena de prisión firme. Aunque no ingresará a la cárcel, su horizonte político se ensombrece.

El Tribunal Correccional de París, que le juzgaba por corrupción y tráfico de influencias cometidos en 2014, le impuso una pena de tres años de prisión, dos de ellos exentos de cumplimiento, pero el tercero en arresto domiciliario.

La corte impuso penas similares para el abogado de Sarkozy, Thierry Herzog, que además queda inhabilitado para ejercer su profesión durante cinco años, así como para el magistrado Gilbert Azibert, ambos convictos por los mismos delitos.

El veredicto es un golpe para el expresidente, alejado de la primera línea política desde 2016 pero muy respetado entre los conservadores franceses, pero que ve su influencia deteriorarse por los frentes judiciales.

La abogada del expresidente, Jacqueline Laffont, señaló que su cliente está «tranquilo y determinado a proseguir en apelación la demostración» de su inocencia.

Llamadas interceptadas fueron pieza clave

La presidenta del tribunal comenzó dando por válidas las conversaciones telefónicas interceptadas por la policía entre Nicolas Sarkozy y su abogado. En ellas reposaba lo esencial de la acusación, porque se desprendían los contactos entre el abogado de Sarkozy, Thierry Herzog, y su amigo Gilbert Azibert, entonces magistrado del Supremo, para obtener beneficios procesales en favor de Sarkozy en otras causas.

«Le haré ascender», decía en una de esas grabaciones el expresidente, dando a entender que se comprometía a hacer valer su influencia para obtener un importante puesto en Mónaco.

A partir de ahí, la sentencia establece que los tres acusados, por su formación de juristas, debían saber que estaban infringiendo la ley y da por buena la tesis de la acusación, de que existía un «pacto de corrupción».