El delito es lucrativo para las pandillas salvadoreñas

La presencia de las pandillas en las calles de El Salvador es un problema con el que los gobiernos han tratado de lidiar de varias maneras.
La presencia de las pandillas en las calles de El Salvador es un problema con el que los gobiernos han tratado de lidiar de varias maneras.

Los transportistas aseguran que este año entregaron $12 millones a las llamadas ‘maras’ para que les permitan trabajar en las zonas que estas dominan.

Redacción SAN SALVADOR

El temor y los efectos de la violencia son dos de las principales razones que esgrimen los centroamericanos para emigrar de sus países. Esto es palpable en El Salvador, donde las pandillas, conocidas allí como ‘maras’, tienen gran poder.

Así lo muestran las cifras y detalles revelados en los últimos días a raíz del juicio contra el exministro de Seguridad David Mungía por pactos con las mafias.

Se pudo conocer, por ejemplo, que los empresarios del transporte público del país han pagado en 2021 unos 12 millones de dólares a las pandillas, que amenazan de muerte a sus empleados y exigen dinero para permitirles operar en las zonas que controlan.

Catalino Miranda, presidente de la Federación de Empresarios del Transporte (Fecoatrans), contó a la televisión que el promedio diario que paga cada autobús es de 4 a 5 dólares y agregó que «ha bajado un poco», pero que «sigue siendo un costo» para los transportistas.

Según el dirigente, el pago ha permitido que las muertes de conductores disminuyan y este año suman siete; las víctimas, probablemente gente que no quiso o no pudo pagar el precio exigido.

De acuerdo con las autoridades de seguridad, las principales fuentes de ingresos de las pandillas son las extorsiones a transportistas y comerciantes, además del narcotráfico al menudeo en las zonas que dominan.

Una fuente protegida de la Fiscalía dijo en 2019, que solo la Mara Salvatrucha (MS13) recolecta $2,3 millones al mes por actividades ilícitas,

Involucradas las altas esferas

Una corte penal de El Salvador ordenó que David Munguía Payés, exministro de Seguridad y de la Defensa, enfrente un juicio por los delitos supuestamente cometidos en el marco de una tregua entre las pandillas que impulsó el Gobierno de Mauricio Funes (2009-2014).

Entre 2012 y 2014, las pandillas Mara Salvatrucha (MS13), Barrio 18 y otras minoritarias mantuvieron un pacto de no agresión para reducir las cifras de homicidios respaldado por el Gobierno y que, según la Fiscalía, estipulaba favores para estas bandas.

Esto supuestamente incluía beneficios carcelarios para los líderes presos, inversión pública en las comunidades bajo su control y una menor presencia de las fuerzas de seguridad. (EFE)