La Justicia de Estados Unidos bloquea el fin de la protección a más de medio millón de migrantes.
Una jueza federal de Estados Unidos dictaminó que la Administración de Donald Trump no puede retirar de forma abrupta las medidas de protección de las que se benefician más de medio millón de personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, en otro golpe a las políticas migratorias impulsadas por el actual Gobierno.
El plan del Ejecutivo establece como fecha límite el 24 de abril, día para el que teóricamente 532.000 personas que emigraron a Estados Unidos gracias a un programa impulsado por la Administración de Joe Biden en 2022 quedaban desprotegidas y se arriesgaban a ser detenidas en caso de que no hubiesen abandonado ya el país norteamericano de manera voluntaria.
Sin embargo, para la jueza Indira Talwani, de un tribunal de Boston, la eliminación del programa sin justificarlo «caso por caso» pone en entredicho el cumplimiento del Estado de derecho, toda vez que se trata de migrantes llegados de manera legal con un programa impulsado por el propio Gobierno, según la cadena CBS News.
Trump ha prometido endurecer la política migratoria de Estados Unidos y acelerar las deportaciones, pero en este cometido se ha topado con el recelo de unos tribunales que ya han tumbado algunas de sus medidas. A finales de marzo, otro juez puso en entredicho la finalización del estatus de protección política brindado a más de 350.000 venezolanos.
‘No más ciudades santuario’
La decisión legal se da pocos días deapués que Trump anunciara que su Gobierno trabaja ya para retener toda la financiación federal de las llamadas ‘ciudades santuario’ –aquellas que restringen su cooperación con Washington para hacer cumplir las nuevas políticas migratorias–, ya que «protegen a los criminales».
«¡No más Ciudades Santuario! Protegen a los criminales, no a las víctimas. Están deshonrando a nuestro país y son objeto de burla en todo el mundo», dijo el presidente estadounidense en Truth Social.
Trump aseguró el 10 de abril de 2025 que su Administración está trabajando ya en la redacción de una ley «para retener toda la financiación federal» de toda ciudad o estado «que permita la existencia de estas trampas mortales».
El regreso de Trump a la Casa Blanca el 20 de enero trajo consigo una agresiva política migratoria a la que muchos gobiernos de ciudades y estados demócratas se opusieron, llegando incluso a ofrecer refugio a las personas que podrían ser detenidas y expulsadas.
La medida afectaría a ciudades como Nueva York, Chicago, Denver, o Boston, cuyas autoridades ya han dado muestras de limitar su cooperación con el Gobierno federal. EUROPA PRESS