Redacción LIMA
Con un debate parlamentario estéril para un adelanto electoral y un Gobierno que se define «firme» y sin voluntad de renunciar, la crisis en Perú parece haber entrado en un punto muerto, con protestas menguadas y concentradas en el sur, pero susceptibles de reavivarse ante cualquier chispa que atice el fuego.
Tras ocho semanas de movilizaciones casi continuas en diversos puntos del país, con un saldo de setenta muertos y centenares de heridos, la presión en las calles para exigir la dimisión de la presidenta Dina Boluarte y comicios anticipados parece estar en una fase descendente.
En la última semana, según datos de la Defensoría del Pueblo, las protestas han pasado de afectar alrededor del 12% del territorio nacional al 6%, en una suerte de tregua no anunciada que, a excepción de un departamento del sur, revela el desgaste ciudadano.
No es que los reclamos de los manifestantes se hayan esfumado -el 70% de los peruanos quiere elecciones este año y el 74% desaprueba a Boluarte, según una encuesta publicada este domingo-, ni que haya habido respuestas políticas claras a sus demandas.
De hecho, ni el Ejecutivo ni el Legislativo han dado por ahora mayores señales de cesión y la agenda del país está parcialmente congelada, sin grandes eventos programados, a la expectativa de los nuevos capítulos de esta ola de protestas, lastrada por la amalgama del descrédito institucional y el descontento social. EFE