Los miembros de la comisión legislativa que archivó el proyecto del presidente peruano, Pedro Castillo, argumentaron que la propuesta tenía errores de fondo y forma.
LIMA. La Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de Perú aprobó este 6 de mayo de 2022 el «archivamiento de plano» de un proyecto de reforma constitucional presentado por el Gobierno del presidente Pedro Castillo para promover una asamblea constituyente en el país andino.
La medida fue tomada con 11 votos a favor y 6 en contra tras debatir durante más de cuatro horas una propuesta técnica suscrita por la presidenta de la comisión legislativa, la fujimorista Patricia Juárez.
El proyecto fue presentado el pasado 25 de abril por Castillo y planteaba una reforma constitucional para la convocatoria de una Asamblea Constituyente, así como un referéndum para consultar en octubre próximo a los ciudadanos si desean una nueva carta magna.
En su decisión, la comisión aseguró que el proyecto del Ejecutivo era «incompatible con la Constitución» y mencionó que carecía de un análisis de costo-beneficio y de rigurosidad, porque se encontraron «copias de textos no citados-plagio».
En ese sentido, el archivo se adoptó de conformidad con el artículo 70 del Reglamento del Congreso «que señala que, sin emitir dictamen, puede rechazar de plano aquellas proposiciones incompatibles con la Constitución Política, o por ser copia de otros proyectos, entre otras causales».
«Hemos priorizado por encima de cualquier pedido anterior el pedido del Ejecutivo y hemos encontrado no solo problemas de forma, sino también de inconstitucionalidad. Por eso el reglamento señala que, cuando existe eso, de plano tiene que ir al archivo«, explicó Juárez.
Durante el debate de este viernes, el congresista Guido Bellido, expresidente del Consejo de Ministros de Castillo, aseguró que el planteamiento de archivo no tenía «una motivación objetiva, seria», por lo que planteó «que se devuelva a asesoría para que se pueda motivar».
«Tomen en cuenta argumentos sólidos y, a partir de ello, aperturemos a nivel nacional el debate real», dijo antes de admitir que un grupo de la población desea que se mantenga la actual Constitución y otro «sector importante» avala un cambio de la carta magna.
Entre los legisladores que se opusieron al planteamiento del Ejecutivo, la fujimorista Rosangella Barbarán afirmó que la convocatoria a un referéndum le costaría al Estado más de 450 millones de soles (unos 118 millones de dólares).
Añadió que la propuesta del Ejecutivo era «una burla porque es un copia y pega» de otros planteamientos y agregó que recibieron «un proyecto sin fundamentos».
Cuando presentó el proyecto, Castillo envió un oficio a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, para solicitarle que la iniciativa sea sometida pronto a debate y votación por tener «carácter de urgencia», ya que proponía un referéndum para el 2 de octubre próximo, cuando los peruanos acudirán a las urnas para votar en las elecciones municipales y regionales.
El primer ministro, Aníbal Torres, aseguró en ese momento que ni el presidente ni los miembros del Gobierno redactarían «una sola letra» de la nueva Constitución, que planteaba sustituir a la vigente, promulgada en 1993 durante el Gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000).
Añadió que la propuesta buscaba acabar con la inestabilidad política que afronta su país desde hace varios años, aunque remarcó que si el Congreso la rechazaba, el Ejecutivo no iba «a hacer nada» frente a esa decisión.
La semana pasada, tras recibir el proyecto del Ejecutivo, el Congreso decidió enviarlo a la Comisión de Constitución, donde Juárez informó que iba a ser «priorizado» en la agenda de trabajo de ese grupo legislativo. EFE