Ola de violencia ahonda crisis política en Perú

Protestas. Los manifestantes reclaman el cierre del Congreso y la convocatoria a elecciones generales. EFE
Protestas. Los manifestantes reclaman el cierre del Congreso y la convocatoria a elecciones generales. EFE

Hasta este 13 de diciembre se registraron siete muertos y un centenar de policías heridos.

Redacción LIMA

Mientras el Gobierno de Perú pide que se cumplan las obligaciones internacionales establecidas en el Sistema Interamericano y se respeten sus decisiones internas, continúan las protestas que estallaron el 11 de diciembre y que ahondan la crisis política.

Las manifestaciones en las que se han reportado siete muertos y centenares de heridos son contra la presidenta Dina Boluarte y el Congreso. Los enfrentamientos más violentos se han dado en los departamentos de Apurímac y Arequipa, en el sur del país.

En ese escenario, el Gobierno asegura que está tomando decisiones «para resguardar la institucionalidad democrática«, tras el comunicado emitido por Colombia, México, Bolivia y Argentina en el que reconocen como presidente al destituido Pedro Castillo.

Sobre esto, la Cancillería recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoció, el 8 de diciembre pasado, «la actuación inmediata de las instituciones del Perú en defensa de la democracia para evitar la concreción del quiebre institucional» y reafirmó «que aquella debe ser resguardada por la vigencia del Estado de derecho».

También que Boluarte ha presentado un proyecto de ley ante el Congreso para adelantar las elecciones generales a abril de 2024.

Estado de emergencia

A raíz de la convulsión social, el Gobierno decretó este 12 de diciembre de 2022 el estado de emergencia por 60 días en siete provincias del departamento sureño de Apurímac, epicentro de las protestas que piden la destitución de a Boluarte .

Durante 60 días quedará suspendido en Apurimac los derechos constitucionales relativos a «la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales”, según el artículo 2 de la constitución peruana.

El jefe de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) de la Policía Nacional, general Oscar Arriola, afirmó que detrás de las protestas «está (el grupo terrorista) Sendero Luminoso, el Movadef (Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales) y otros organismos generados por el marxismo-leninismo».

119 policías peruanos han resultado heridos durante los enfrentamientos.
La Asociación Nacional de Periodistas (ANP) condenó los atentados a las sedes de Panamericana TV, América TV y Canal N, además de la vandalización a un vehículo de Exitosa Noticias.

Castillo califica de arbitraria su detención

El expresidente peruano Pedro Castillo afirmó este martes que está «injusta y arbitrariamente detenido» y pidió a las fuerzas de seguridad de su país que «depongan las armas y dejen de matar a este pueblo sediento de justicia«, durante una audiencia en la que el Tribunal Supremo revisa la apelación al arresto preliminar que se dictó en su contra el miércoles pasado.