El presidente de EE.UU., Joe Biden, firmó la ley que permite revisar acuerdos comerciales con el país. Esto podría aumentar la pobreza y la migración.
WASHINGTON. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó ayer una ley que busca presionar al reelegido mandatario nicaragüense Daniel Ortega con más sanciones y permite que se revise un tratado de libre comercio con el país centroamericano.
La legislación urge al Gobierno de Biden a examinar la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica (Cafta, en inglés) y, además, le pide que aumente sus sanciones contra actores claves del Gobierno de Ortega.
El texto también insta a Biden a expandir la cooperación con Canadá y con la Unión Europea (UE) en la política (sancionatoria) hacia el país centroamericano. Asimismo, el proyecto amplía la supervisión de los préstamos de las instituciones financieras internacionales a Nicaragua.
A finales de 2018, el Congreso de EE.UU. ya aprobó un proyecto de ley conocido como Nica Act, que ordena a funcionarios estadounidenses de las instituciones multilaterales de crédito usar su influencia para detener la financiación a los organismos estatales nicaragüenses.
Efectos económicos
Este tipo de sanciones de EE.UU. han dificultado que Nicaragua, uno de los países más pobres de América Latina, salga de la depresión económica que atraviesa desde las protestas de 2018, que perjudicaron las inversiones nacionales y extranjeras y provocaron el colapso del turismo.
Ahora, con la posibilidad de más sanciones, la situación se complica. Hay quienes piensan que un mayor empobrecimiento empujaría a más migrantes hacia la vecina Costa Rica y hacia Estados Unidos.
Hasta el momento, los nicaragüenses son minoría migrando hacia el norte, entre un gran número de hondureños, salvadoreños y guatemaltecos, aunque el flujo migratorio ha crecido en lo que va de 2021.
Dentro del país, algunos analistas consideran que Ortega podría buscar un acercamiento con el sector empresarial, con el que mantuvo acuerdos hasta 2018. Ese año, el gremio empresarial apoyó las protestas contra el Mandatario, que se saldaron con la muerte de 328 personas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La ruptura tuvo efectos: el Producto Interno Bruto cayó por tres años consecutivos a partir de entonces. (EFE-LAG)