Miles de inmigrantes latinos están siendo declarados “muertos” en la base de datos del Seguro Social de EE.UU., dejándolos sin acceso a empleo, salud o servicios básicos. La polémica estrategia, impulsada por el Gobierno de Donald Trump, busca forzar su auto deportación.
La administración de Donald Trump ya ha clasificado a más de 6.300 inmigrantes, en su mayoría latinos, como «fallecidos» en la base de datos del Seguro Social, invalidando sus números de identificación y dejándolos sin acceso a servicios básicos. Esta medida busca presionar a los afectados a abandonar voluntariamente el país.
Una política de “muerte digital” para forzar la salida
Desde el 8 de abril de 2025, la Administración del Seguro Social (SSA) ha incluido a más de 6.300 inmigrantes en su «Death Master File«, una base de datos que registra a personas fallecidas. Esta acción, autorizada por la administración Trump, ha invalidado los números de Seguro Social de los afectados, impidiéndoles trabajar, acceder a cuentas bancarias, recibir atención médica o inscribir a sus hijos en la escuela.
Según funcionarios de la Casa Blanca, esta medida está dirigida a inmigrantes que han perdido su estatus legal, con el objetivo de eliminar beneficios que supuestamente incentivan la permanencia ilegal en el país. Sin embargo, organizaciones de derechos civiles denuncian que muchos de los afectados residían legalmente en Estados Unidos, calificando la acción como una forma de «asesinato digital» que viola la privacidad y los derechos civiles.
Detrás de esta controvertida medida se encuentra el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), liderado por Elon Musk. Esta agencia ha enviado listas de nombres a la SSA, alegando sospechas de fraude, para que sean incluidos en la base de datos de fallecidos. La acción ha afectado a inmigrantes que recibían beneficios como Medicaid, seguros de desempleo o préstamos estudiantiles.
Además, se ha revelado que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) recibirá las últimas direcciones conocidas de aproximadamente 98.000 personas, facilitando su localización y posible deportación.
Estas medidas se enmarcan en una serie de políticas migratorias implementadas por la administración Trump durante su segundo mandato. Entre ellas se incluyen la restauración de la política «Remain in Mexico», la declaración de emergencia nacional en la frontera sur, la designación de cárteles como organizaciones terroristas y la suspensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciertos países.
Además, se ha lanzado la aplicación CBP Home, que permite a los inmigrantes en situación irregular auto deportarse en lugar de enfrentar arresto y detención.
Organizaciones de derechos humanos y expertos legales han expresado su preocupación por estas medidas, argumentando que violan los derechos fundamentales de los inmigrantes y sientan un peligroso precedente para el uso de datos gubernamentales. También se teme que ciudadanos estadounidenses puedan verse afectados por errores en el sistema.
La administración Trump defiende estas acciones como necesarias para proteger la seguridad nacional y reducir el gasto federal, pero críticos argumentan que representan una forma de coerción que erosiona los principios democráticos y los derechos humanos.
Un millón de deportados como meta para 2025
El gobierno de Trump, se ha propuesto deportar un millón de personas este 2025, una cifra récord que incluiría miles de expulsiones a terceros países, algo que funcionarios y expertos consideran poco realista, según detalla el diario The Washington Post.
La cifra supondría más del doble con respecto al número récord de en torno a 400.000 deportaciones efectuadas en el 2011 por el gobierno del entonces presidente Barack Obama.
De cara a lograr este objetivo, EE. UU. está manteniendo contactos con una treintena de países para que acepten recibir “miles” de personas expulsadas que no sean ciudadanos suyos.