Un informe de la Unesco advierte que también hay un aumento de las demandas estratégicas contra la participación pública.
El «mal uso» del sistema judicial para atacar la libertad de expresión se evidencia en el aumento de la difamación penal y civil y de las demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP), advierte un informe de la Unesco.
El estudio señala que el 80% de los países del mundo siguen penalizando la difamación y destaca que al menos 57 leyes y reglamentos adoptados o modificados desde 2016 en 44 países contienen un lenguaje demasiado vago o castigos desproporcionados, poniendo en peligro la libertad de expresión en línea y la libertad de los medios de comunicación.
Actualmente, la campaña mundial para despenalizar la difamación, que ganó fuerza hace una década, se enfrenta a un retroceso. Como resultado, 160 países criminalizan la difamación, según los datos publicados en el informe de la serie Tendencias Mundiales en materia de Libertad de Expresión y Desarrollo de los Medios de Comunicación de la Unesco, titulado ‘El mal uso del sistema judicial para atacar la libertad de expresión. Tendencias, desafíos y respuestas’.
“La difamación, tanto penal como civil, debe abordarse en las legislaciones nacionales de acuerdo con las normas internacionales, desde el punto de vista de la protección de la libertad de expresión y de la labor vital de los periodistas. La Unesco sigue pidiendo la despenalización de la difamación y advierte contra las tendencias de utilización de los sistemas judiciales para atacar la libertad de los medios de comunicación”, señala Tawfik Jelassi, subdirector general para la Comunicación y la Información de la Unesco.
Situación en cifras
El informe de la Unesco muestra que la difamación sigue siendo un delito en 39 de los 47 países de África. En Asia y el Pacífico, 38 de los 44 Estados mantienen la difamación como delito, con seis que la han derogado y uno que ha avanzado en su derogación parcial.
En Europa Central y del Este ha aumentado el uso de las leyes de difamación penal, que están en vigor en 15 de los 25 Estados de la región, y la mayoría de ellos incluyen la posibilidad de sanciones privativas de libertad. Diez países han abolido todas las disposiciones generales contra la difamación y el insulto, y otros cuatro han aplicado una despenalización parcial.
Los delitos de difamación persisten en 29 de los 33 Estados de América Latina y el Caribe y siguen siendo un arma contra periodistas y blogueros. En Europa Occidental y América del Norte, la difamación penal permanece en los estatutos de 20 de los 25 Estados, la mayoría conservando las sanciones privativas de libertad. Entre 2003 y 2018, cinco países abolieron las leyes penales de difamación e injurias, y otro derogó parcialmente una.
‘Foros a la medida’
El informe de la Unesco también destaca el aumento de prácticas abusivas como la «búsqueda del foro más favorable», que se refiere a la práctica de seleccionar el tribunal en el que presentar una demanda basándose en la perspectiva del resultado más favorable, incluso cuando no hay ninguna o solo una tenue conexión entre las cuestiones legales y la jurisdicción.
Las demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP) por parte de actores poderosos que quieren silenciar las voces críticas y socavar el escrutinio han ido en aumento en diferentes regiones, especialmente en Europa.
El objetivo de las SLAPP no es ganar un caso judicial, sino abrumar al demandado mediante procedimientos judiciales prolongados, costos excesivos -incluso con riesgo de quiebra- y la carga psicológica correspondiente. Las SLAPP centradas en acusaciones de difamación se utilizan con frecuencia para disuadir a los periodistas de avanzar en su trabajo, impidiendo la publicación o la retirada de determinados contenidos y disuadiendo a otros de cubrir los mismos temas.
“En los últimos años, poderosos individuos, empresas y funcionarios gubernamentales han adoptado esta táctica para silenciar y acosar a los periodistas independientes”, advierte Pádraig Hughes, director jurídico de Media Defence, sobre estas prácticas. (DLH)
Normativas engañosas
En los últimos cinco años se han aprobado nuevas leyes para luchar contra la desinformación, la ciberdelincuencia o la incitación al odio. Sin embargo, esas normas han reintroducido disposiciones sobre calumnia, difamación e injuria, causando un efecto perturbador sobre la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas.
Consejos para derogar las leyes de difamación penal
o Los Estados deben derogar las leyes de difamación penal y sustituirlas por una legislación de difamación civil adecuada, en consonancia con las normas internacionales.
o Las organizaciones de la sociedad civil y los actores de los medios de comunicación también deben participar en campañas de promoción y sensibilización para movilizar al público y garantizar que las sentencias internacionales y regionales se apliquen plenamente a nivel nacional.
o Al mismo tiempo, pueden tener un impacto significativo a la hora de impulsar la abolición de la difamación penal y contrarrestar el retroceso.
o El litigio estratégico y el apoyo jurídico a los periodistas son también fundamentales para animarles a continuar su trabajo y pueden dar lugar a cambios jurídicos y políticos concretos y positivos.
Fuente: Unesco
SIP advierte del deterioro de la libertad de prensa en América Latina
El director de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Michael Greenspon, advirtió este 8 de diciembre de 2022 del deterioro de la libertad de prensa en América en los últimos siete años y denuncia la grave situación que se vive en Cuba, Venezuela y Nicaragua, donde la «única libertad de expresión es la que permite el Gobierno».
«Hasta 2015 estábamos viendo una mejora de la democracia y una relajación con las libertades de prensa, pero en los últimos cinco o siete años ha habido un aumento del autoritarismo en el continente americano y gente manipulando y cerrando los medios cuando puede«, apuntó Greenspon, quien visitará Guatemala para «ejercer presión internacional» de manera preventiva.
Señaló que en Cuba, Venezuela y Nicaragua «no hay libertad de expresión y solo hay libertad de expresarse en la manera que el Gobierno te lo permite. Guatemala quizá no está en un extremo como esos tres países, pero hay un endurecimiento de la libertad de expresión», apuntó.