Japón formalizó su decisión de verter al mar el agua contaminada de la accidentada central nuclear de Fukushima tras tratarla para eliminar la mayoría de los elementos radiactivos, un proceso que tiene previsto comenzar en 2023.
El primer ministro nipón, Yoshihide Suga, calificó la medida de «inevitable» para el desmantelamiento de la planta y señaló que se trata de la opción «más realista» entre otras disponibles que son técnicamente más complejas y menos viables.
Mientras, países vecinos como China y Corea del Sur y asociaciones ecologistas como Greenpeace mostraron su preocupación por las implicaciones medioambientales del vertido e hicieron un llamamiento a Tokio para que reconsidere su decisión.
Misma que no cuenta con el visto bueno de las autoridades locales ni los pescadores de Fukushima.
Problemas de almacenamiento
Esta controvertida medida, sobre la que Japón lleva deliberando años, está principalmente destinada a resolver el problema de la acumulación de agua radiactiva en las instalaciones de Fukushima Daiichi.
Más de 1,25 millones de toneladas de agua procesada se almacenan actualmente en las inmediaciones de la central y se prevé que la capacidad para su almacenamiento se agote en otoño del próximo año, según el ritmo actual al que se genera ese líquido.
Las autoridades japonesas mantienen que el vertido no generará ningún riesgo para la salud humana porque los niveles de tritio liberados al mar estarán por debajo de los estándares sanitarios nacionales (al ser mezclado con agua marina) y defienden que ésta es una práctica habitual en la industria nuclear de otros países.
Precupación medioambiental
«El océano es una propiedad compartida de la humanidad. El vertido de agua residual nuclear de la central de Fukushima no es sólo un asunto nacional (de Japón)», indicó en un comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores de China.
Corea del Sur, por su parte, lamentó la decisión e instó a Japón a ser transparente sobre el tratamiento del agua antes de desecharla «para certificar la seguridad de nuestra población y prevenir daños al medio marino», expresó en rueda de prensa Koo Yoon-cheol, director de la oficina de coordinación política del Ejecutivo surcoreano.
Estos países son dos de los quince que continúan imponiendo hoy restricciones a la importación de productos producidos en Fukushima a raíz del accidente de 2011.
La organización ecologista Greenpeace ha recogido más de 183.000 firmas en Japón y Corea del Sur en contra de la medida, y acusado al Gobierno nipón de convertir las consultas al público y las negociaciones con los pescadores locales «en un mero trámite». EFE.
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