27 personas han muerto durante las protestas luego de la caída de Pedro Castillo. Los enfrentamientos iniciaron el pasado 7 de diciembre.
El ministro de Defensa de Perú, Jorge Chávez, afirmó que la Fiscalía de su país debe investigar y determinar las responsabilidades en las muertes de 27 personas durante las protestas y enfrentamientos que comenzaron el pasado 7 de diciembre, tras las destitución de Pedro Castillo de la Presidencia por intentar cerrar el Congreso y gobernar por decreto.
«Es necesario conocer que la Fiscalía, como titular de la acción penal, debe realizar las investigaciones que le corresponden. Yo en mi condición de Ministro de Defensa no quiero interferir políticamente y afirmo que sean las autoridades competentes las que indaguen«, señaló el ministro en una entrevista publicada este lunes por el diario El Comercio.
Chávez aseguró que el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas están «trabajando» para coordinar «que se den todas las facilidades para que las investigaciones se desarrollen en las mejores condiciones de transparencia en la entrega de información».
Agregó que también han «asegurado y facilitado el transporte» para que una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que llegó al país la semana pasada, visite el jueves último la región de Ayacucho, donde murieron diez personas.
«Ellos también van a generar su propia investigación» añadió antes de decir que tanto el Gobierno como «todo el Perú» esperan que las investigaciones se realicen «de la manera más objetiva posible».
La crisis se mantiene
Tras considerar que, a pesar de la tregua en las protestas, la crisis política y social aún se mantiene en su país, Chávez dijo que el Gobierno tiene «que buscar mecanismos» para acercarse «a las organizaciones que están representadas en estas protestas».
«Hay que decirle a la población que tenga la plena seguridad de que este es un gobierno transitorio y que el gabinete es de paz, de diálogo y meritocracia«, sostuvo en referencia al mandato que asumió el pasado 7 de diciembre, por sucesión constitucional, la hasta entonces vicepresidenta Dina Boluarte en reemplazo de Castillo.
Añadió que tanto Boluarte como su primer ministro, Alberto Otárola, han pedido a los ministros «intensificar el diálogo, porque este marco de violencia y esta crisis aún no se ha cerrado».
El ministro consideró, sin embargo, que «el escenario» de las protestas «que había antes ha sido atenuado con el adelanto de elecciones, y esto tiene que ser comunicado».
El Congreso de Perú aprobó la semana pasada, en una primera votación, un proyecto para adelantar las elecciones generales para abril de 2024, aunque esa medida deberá aún se ratificada en una siguiente legislatura para poder aplicarse.
Chávez advirtió, sin embargo, que si no se hacen reformas políticas previas, en los posibles comicios de 2024 se va «a tener el mismo problema, porque serán los mismos candidatos y circunstancias» que rechaza la población.
Más de dos docenas de fallecidos
Las protestas en Perú, que disminuyeron notoriamente y fueron pacificas durante la semana pasada, exigen la renuncia de la presidenta Boluarte, el cierre del Congreso, adelanto de elecciones y la convocatoria a una Asamblea Constituyente.
Esas manifestaciones se intensificaron desde el 11 de diciembre y desencadenaron en la muerte de 27 personas, de las cuales cinco eran menores, en manifestaciones y disturbios ocurridos mayormente en las regiones sureñas de Ayacucho, Apurímac, Cuzco y Arequipa.
Este sábado, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, José Tello, anunció que su cartera está conformando una comisión multisectorial que se encargará de las reparaciones para los familiares de los fallecidos en las protestas.
Tello dijo que la comisión contará con representantes de los ministerios de Educación, Agricultura, Salud, Desarrollo e Inclusión Social y la Presidencia del Consejo de Ministros, así como de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y de familiares de las víctimas. (EFE)