Fiscalía acusa a Fujimori de forzar esterilizaciones ilegales para ‘reducir la pobreza’ en Perú

Gobernante. El mandato de Alberto Fujimori fue desde el 28 de julio de 1990 al 21 de noviembre del 2000. (EFE)
Gobernante. El mandato de Alberto Fujimori fue desde el 28 de julio de 1990 al 21 de noviembre del 2000. (EFE)

La mayoría de víctimas son mujeres campesinas. 18 fallecieron a consecuencia de las complicaciones en las ligaduras.

El expresidente peruano Alberto Fujimori y sus exministros de Salud: Eduardo Yong, Marino Costa y Alejandro Aguinaga, forzaron la esterilización de mujeres para «reducir la pobreza», según denunció el lunes (1 marzo de 2021), la Fiscalía durante la sustentación de la causa por llevar a juicio al exmandatario.

Fruto del programa irregular de esterilizaciones impulsado por el expresidente durante su segundo mandato (1995-2000), murieron 18 mujeres, 5 de ellas por lesiones graves directamente causadas por la intervención quirúrgica, que además dejó secuelas físicas en unas 1.300.

Proceso judicial

El fiscal Pablo Espinoza presentó la sustentación de cargos contra el exmandatario (1990-2000), sus exministros y otros tres exfuncionarios de salud, en el inicio de la audiencia remota dirigida por el magistrado Rafael Martínez.

Se trata de uno de los casos más emblemáticos de presunta violación a los derechos humanos, que ha esperado más de 20 años para su proceso y después de que otra denuncia previa fuese desestimada por la Fiscalía hace unos años.

Fujimori, Yong, Costa, Aguinaga y el exdirector de salud Ulises Aguilar fueron denunciados como presuntos autores mediatos de los delitos contra el cuerpo, la vida y la salud, en la modalidad de lesiones graves seguidas de muerte.

El lunes se suspendió la audiencia, después de cinco horas, hasta ayer, para retomar con la sustentación de cargos y la defensa.

Mujeres pobres, principales víctimas

Las víctimas, campesinas pobres y quechuahablantes en su mayoría, fallecieron a consecuencia de las complicaciones en las ligaduras de trompas a las que fueron sometidas en condiciones ajenas a la rigurosidad médica, sin preparación previa, ni seguimiento a las cirugías practicadas.

Una de las víctimas, Mamérita Mestanza, falleció a los 19 años en 1998. Según las Fiscalía, Mestanza «fue a una posta de salud a ponerle una vacuna a su bebé y ahí le dijeron que se tenía que ligar las trompas, la llevaron a un tópico, le colocaron dos inyecciones y se desmayó».

«Al día siguiente, se despertó, le dieron dos pastillas y se fue caminando despacio a su casa», relató un representante del Ministerio Público.

Mestanza, que ya tenía dos hijos, no sabía leer ni escribir, era quechuahablante, pero le pidieron que firme una autorización en español para la cirugía.

Planearon 150.000 ligaduras

De acuerdo con un documento firmado por el exministro Marino Costa, el Ministerio de Salud planteaba realizar 150.000 ligaduras de trompas en 1997 y en agosto de ese año presentaba un avance del 43 %.

El personal de salud estaba coaccionado a cumplir o superar las metas de esterilizaciones y, a cambio, recibía incentivos, mientras que las mujeres agraviadas fueron amenazadas con que sus hijos ya no recibirían atención médica si se negaban, o les regalaban canastas de alimentos, si aceptaban.