Luisa Ortega, refugiada en España, califica a las políticas del gobierno venezolano de “terrorismo de Estado” y a la represión ejercida de verdadera “limpieza social”.
Redacción MADRID. Luisa Ortega (1958), la exfiscal general de Venezuela (2008-2017), vive actualmente en España, refugiada de la persecución del régimen de Nicolás Maduro.
En diálogo con el diario español El Mundo, Ortega recuerda que luego de que en 2017 Maduro asumiera, con la anuencia de la Justicia, los poderes del legislativo venezolano, ella denunció el hecho y empezó la persecución en su contra.
Señala que allanaron dos veces su casa y elementos del Ejército ingresaron a la Fiscalía donde -asegura- permanecen hasta ahora.
La exfiscal califica a la reacción del gobierno venezolano contra ella y contra el pueblo venezolano como “terrorismo de Estado”.
«En mi país se militarizó la seguridad ciudadana y se autorizó el uso de armas de fuego para reprimir las manifestaciones, lo que trajo como consecuencia el asesinato de cientos de personas”, asegura.
Añade que el régimen “sembró miedo en la población con ejecuciones, torturas, persecuciones, detenciones arbitrarias, juicios militares a civiles, allanamientos ilegales, desapariciones forzadas y violaciones, entre otros actos inhumanos». (LAG)
Demanda internacional
La investigación que inició hace poco la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya contra el gobierno de Maduro tiene la firma de Luisa Ortega. El 16 de noviembre de 2017, interpuso una denuncia. Asegura que presentó “mas de 1.900 elementos probatorios sobre la violación a los derechos humanos en Venezuela, entre ellas las ejecuciones extrajudiciales de más de 8.000 venezolanos por parte de organismos de Seguridad del Estado desde 2015 hasta 2017; en su mayoría gente humilde».
Fue «una limpieza social, como la denominó Maduro en una ocasión, una política pública para el exterminio de personas que habitaban en las zonas más deprimidas de las principales ciudades». Pero la exfiscal general también ha denunciado «los asesinatos de 131 personas cometidos por los Cuerpos de Seguridad del Estado bajo las órdenes de Nicolás Maduro durante las manifestaciones ocurridas en el país durante los meses de abril, mayo y junio de 2017″.
Afirma que ha entregado más pruebas y ahora espera que la CPI haga su trabajo. (LAG)