Redacción BUENOS AIRES
Los fundamentos de la condena por corrupción a la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, no ahorraron en calificativos para argumentar que la exmandataria (2007-2015) fue autora de una «fastuosa» defraudación al Estado y que fue una «coartada» la defensa de que el proceso está manchado de «lawfare» (persecución judicial).
El Tribunal Oral Federal 2 dijo este 9 de marzo de 2023 que el pasado 6 de diciembre condenó a Cristina Fernández a 6 años de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos por defraudación en la obra pública porque consideró que es una de las autoras del delito investigado.
En un texto de 1.616 páginas, especificó que la Vicepresidenta tuvo una «intervención fundamental» en las irregularidades en la concesión de 51 obras públicas en la austral provincia de Santa Cruz, cuna política del kirchnerismo, a firmas del empresario Lázaro Báez durante los Gobiernos del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y el de ella misma.
La resolución hace referencia al «tenor de sus aportes a la fastuosa defraudación emprendida», al «ámbito preponderante que ocupaba para la toma de las decisiones imprescindibles para su ejecución» y al «poder inaudito del que gozaba para influir en cada rincón estatal que interfiriera en el plan». EFE