Una enmienda constitucaional que aún debe aprobarse en segunda instancia establece que «los traidores a la patria pierden la calidad de nacional nicaragüense».
TEGUCIGALPA. El Gobierno de Nicaragua publicó este 10 de febrero de 2023 en el Diario Oficial La Gaceta la reforma a la Constitución, aprobada en la víspera en la primera de dos legislaturas, con la que se despojaría de la nacionalidad a los nicaragüenses sentenciados por delitos considerados «traición a la patria».
El artículo constitucional reformado, el 21, debe ser aprobado en una segunda legislatura para que entre en vigor, es decir el próximo año.
La enmienda establece que «la adquisición, pérdida y recuperación de la nacionalidad serán reguladas por las leyes. Los traidores a la patria pierden la calidad de nacional nicaragüense».
La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por los gobernantes sandinistas que tienen mayoría absoluta, aprobó el jueves de forma expedita la «Ley especial que regula la pérdida de la nacionalidad nicaragüense», que Ortega también mandó a publicar en el Diario Oficial La Gaceta.
El artículo 1 de esa Ley Especial, explica que esa legislación «tiene por objeto regular la pérdida de la nacionalidad estipulada en el artículo 21 de la Constitución Política de la República de Nicaragua».
Así, se establece que «las personas sentenciadas al tenor de lo dispuesto en la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz, publicada el 22 de diciembre de 2020, perderán la nacionalidad nicaragüense».
La autoridad judicial será la competente para aplicar la presente Ley, debiendo notificar al Consejo Supremo Electoral, de acuerdo a la norma aprobada.
Presos políticos conservan su nacionalidad
La enmienda constitucional, reformada en la primera de dos legislaturas y la ley especial, fueron aprobadas el mismo día en que fueron excarcelados y expulsados a Estados Unidos 222 prisioneros nicaragüenses, entre líderes opositores, sacerdotes y críticos al Gobierno del presidente Ortega.
Esos 222 prisioneros nicaragüenses, entre ellos siete que intentaron disputar la Presidencia al actual mandatario y que fueron expulsados a EE.UU. «por traidores a la patria», fueron inhabilitados de forma perpetua para ejercer la función pública, cargos de elección popular, y se les suspendió sus derechos ciudadanos de por vida, según detalla la sentencia de un Tribunal de Apelaciones de Managua.
Es decir, a tenor de la ley, los 222 presos políticos conservan su nacionalidad nicaragüense en base al artículo 20 de la Constitución que establece que «ningún nacional puede ser privado de su nacionalidad. La calidad de nacional nicaragüense no se pierde por el hecho de adquirir otra nacionalidad».
Además, conservan la nacionalidad nicaragüense porque la reforma al artículo 21 constitucional debe ser aprobada en segunda legislatura para entrar en vigor y porque el sistema jurídico penal nicaragüense solo permite la retroactividad de las leyes cuando esta favorezca al sentenciado o reo, es decir se prohíbe la aplicación retroactiva de la ley cuando esta perjudique al condenado.
La Organización de los Estados Americanos (OEA) ha exigido al Gobierno de Ortega en Nicaragua que restituya los derechos de los 222 «presos políticos» expulsados a Estados Unidos.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio. EFE