El Gobierno de Perú decidió amplíar el estado de emergencia en cuatro regiones más por las protestas sociales.
Redacción LIMA
El Gobierno de Perú declaró este 5 de febrero de 2023 el estado de emergencia en los sureños departamentos de Madre de Dios, Apurímac, Arequipa y Moquegua por 60 días, y prolongó por el mismo periodo la medida en las regiones de Cuzco, Puno y Tacna para controlar las protestas que han cobrado la vida de 69 personas.
A través de un decreto supremo publicado en el diario oficial El Peruano, el Ejecutivo extendió el estado de emergencia a estas zonas donde se siguen reportando las mayores protestas antigubernamentales que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, adelanto de elecciones para 2023 y una convocatoria a una asamblea constituyente.
La medida ya se aplicaba en Cuzco, Puno y Tacna, y en algunas provincias de Apurímac, Madre de Dios y Moquegua, pero ahora se amplía a nivel regional e incluye Arequipa.
Asimismo, el Gobierno decretó a medianos de enero y por 30 días el estado de emergencia en Lima, Callao, Amazonas y La Libertad, por lo que en total son once departamentos los que permanecen en estado de emergencia.
La medida
El decreto restringe o suspende «los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales».
Además, establece que la Policía Nacional del Perú mantiene el orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, «con excepción del departamento de Puno, donde se requiere que el control interno sea asumido por las Fuerzas Armadas».
El documento también señala que el presidente de la República puede decretar el estado de emergencia en caso de «perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la nación».
Por otro lado, el artículo tercero del decreto extiende por diez días la inmovilización social obligatoria, entre las 20:00 y las 04:00, que ya estaba vigente en la sureña región de Puno, uno de los epicentros de las protestas. EFE
El decreto lleva las firmas de la presidenta Dina Boluarte, el primer ministro, Alberto Otárola, y los titulares de las carteras de Defensa, Interior y Justicia.
Crisis social y política
Desde que arrancaron las protestas en diciembre de 2022, tras el fallido autogolpe del exmandatario Pedro Castillo, 69 personas han perdido la vida, la mayoría de las cuales eran manifestantes que fallecieron en enfrentamientos con las fuerzas del orden, uno era policía y una veintena más murieron por hechos relacionados con las movilizaciones.