Vélez es llamada a juicio por el caso de cobro de “diezmos”. La exlegisladora habla de inocencia.
El pasado viernes 3 de septiembre, el juez de la Corte Nacional de Justicia, Walter Macías, resolvió llamar a juicio en calidad de autora directa por el delito de concusión a la exviceprefecta de la provincia y exasambleísta de Loja, Nívea Vélez, por los supuestos hechos cometidos en el período 2009-2013. Aquí se cesó de los cargos por falta de pruebas a Adriana C., quien en sus inicios también tenía un proceso legal.
Según la Fiscalía, desde noviembre de 2009 hasta marzo de 2013, la acusada Vélez en calidad de asambleísta, abusando de su cargo, ordenó el pago de contribuciones y tributos no debidos a sus colaboradores. Por eso, a más del llamado a juicio, el Juez modificó la medida cautelar de retención de fondos e inversiones en el sistema financiero y prohibición de enajenar impuestos.
Ahora, la retención será por un monto de 40.879,29; mientras que la prohibición de enajenar los bienes de la exasambleísta en Loja y Quito por un valor de 163.517,16 dólares. Ella por ahora deberá seguir cumpliendo las medidas cautelares de presentación periódica en la Corte Provincial de Loja y prohibición de la salida del país. Según las investigaciones realizadas por la Fiscalía, el monto total que habría llegado a la cuenta de la exlegisladora Vélez es de 40.879,29 dólares, según lo reveló el jurista, Rafael Cuenca, defensor del denunciante.
Para Nívea Vélez, exlegisladora, dijo que es coincidencia que la denuncia justo se hizo pública cuando presentó su candidatura a la Alcaldía de Loja, por parte de un activista político. “Frente a eso yo presenté la denuncia en la Fiscalía y días después la presenta el supuesto denunciante en acto público y acompañado de sus abogados, quienes viajaron desde Quito. Se vino la investigación y en marzo de 2019, a través de los medios de comunicación, me enteré que era llamada a la formulación de cargos, sin tener pericia contable y sin haber tomado mi versión, pero me formularon cargos, me pusieron medidas cautelares y luego empezó un proceso viciado de una serie de hechos”, dijo.
Según Vélez, primero, el denunciante reconoce que en sus cuentas no hay depósitos, es inocente y no tiene diezmos, “incluso él aduce que habría hecho los depósitos en una cuenta en la que él mismo era el titular, él abre la cuenta y es quien la cierra e incluso cobra el remanente de la misma, pero una pericia contable de los gastos que él presentó demuestra que los gastos fueron hechos por él en beneficio personal. Se hizo una pericia contable que yo pedí y la Fiscalía modificó 11 veces como una forma de buscar vincularme al caso de diezmos”, aclaró.
Además, comentó que detrás del denunciante, hay actores políticos, primero para impedir que llegue a la Alcaldía y luego para evitar que sea candidata a la Asamblea en el 2019. “La gente debe saber que el denunciante es un activista, fundador del movimiento, coordinador de parroquias y de la escuela de formación política de Convocatoria, es decir, era un militante activo que cuando renuncia a mitad del período anunció que seguirá siendo militante por su convicción. Hay 17 personas que dicen que nunca se les pidió nada de contribuciones, pero dos salen a decir que sí, y ellos son, una vinculada al exalcalde José Bolívar Castillo, y la otra al actual burgomaestre, Jorge Bailón Abad”, denunció.
Finalizó que existen un sinnúmero de inconsistencias, el caso será llevado a la Comisión Internacional de Derechos Humanos porque ha sido lesionada su salud, de su familia y sobre todo sus derechos políticos para impedir que pueda llegar a la Alcaldía y Asamblea Nacional. “Lucharé hasta el último día de mi vida para demostrar la verdad y las razones de esta infamia que se montó por quienes me veían fuerte en la campaña electoral. Toda esta persecución también está encadenada a la oposición que tuve contra el expresidente Correa, donde nunca me quedé callada por los casos de corrupción, y qué coincidencia que ahora los abogados que me acusan, hoy estén defendiendo al exdefensor del Pueblo, Freddy Carrión, por lo que la pregunta es, ¿quiénes pagan a esos abogados?”, reveló.
EL DATO La exlegisladora denuncia que es una persecución política la que vive desde el 2019. TOME NOTA El caso será llevado a la Comisión Internacional de Derechos Humanos.
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