Revelan supuesto soborno millonario en Loja: Constructora y Juez implicados en escándalo de corrupción

Revelan soborno millonario en Loja: Constructora y Juez implicados en escándalo de corrupción
ESCÁNDALO. Según Hugo Lara Olmos, abogado colaborador de Cristian Romero Moya, el 'Municipio de Loja' fue víctima de corrupción judicial, como parte de un patrón sistémico en el sistema de justicia.

Según las declaraciones de Hugo Lara, todo se arregló para que la empresa Covipal ganara ilegalmente un fallo y reciba $7 millones del ‘Municipio de Loja’.

En una revelación que sacude los cimientos de la justicia en Ecuador, Hugo Lara Olmos, colaborador del abogado Cristian Romero Moya, y actualmente procesado en el caso Metástasis, declaró que el Municipio de Loja es una de las entidades que sufrió la corrupción dentro del sistema de justicia.

Según el testimonio de Lara, Romero, conocido por sus métodos oscuros y su capacidad para manipular el sistema judicial, habría facilitado un fallo ilegal a favor de la constructora Covipal, mediante el soborno de un juez por $7 millones.

Lara, actualmente procesado en el caso Plaga, señaló que Cristian Romero, defensor del narcotraficante Leandro Norero, utilizaba estrategias sofisticadas para asegurar veredictos favorables para sus clientes, borrando o modificando registros judiciales para evitar ser descubierto. “Hacía todo para que nadie se diera cuenta. Dentro de la Judicatura, las actuaciones judiciales eran borradas o modificadas en el Satje”, afirmó Lara.

Caso Plaga, Purga y Metástasis: ¿cómo se unen?

El caso que involucraría al Municipio de Loja surgió cuando la constructora Covipal presentó una acción de protección contra el Municipio por incumplimiento de contrato.  «Hubo una acción de protección con la constructora Oviedo Palacios (Covipal) contra el Municipio de Loja por incumplimiento de contrato. Estaba todo arreglado. No participé, pero sé que el Municipio de Loja deberá pagar $7 millones a Covipal. Esta decisión se apeló, se rechazó la apelación y se concretó la acción de protección. Entiendo que se iniciaron los trámites para cobrar», relató Lara, y agregó que un contratista pagó $30,000 para comprar al juez.

El testimonio de Lara implicó directamente a Santiago Eduardo Oviedo, contratista del Gobierno provincial de Chimborazo y accionista de Covipal, quien, según Lara, pagó $30,000 en marzo de 2023 para sobornar al juez Galo Efraín de Santo Domingo. “Santiago puso $30,000 para esta causa, los llevaron en una maleta buscando un juez suicida y fueron a Santo Domingo; la decisión quedó en firme”, detalló Lara.

La declaración también expuso la audacia de Romero, quien contrataba a expolicías como sus guardaespaldas y les proporcionaba armas y chalecos. Lara mencionó que Romero lograba reincorporar a policías destituidos mediante acciones constitucionales, cobrando altas sumas por sus servicios: “Eran $10.000 para cada juez… Entregó en la Corte de Santo Domingo $20.000 en una maleta”.

La constructora Covipal, ubicada en Chimborazo, se dedica al mantenimiento y reconstrucción de vías y tiene como accionistas mayoritarios a Santiago Eduardo Oviedo Moreano y Sandra Lorena Vallejo Lara, según la Superintendencia de Compañías.

Aclaraciones de autoridades de Loja

El cabildo lojano aclaró que la institución no está implicada, sino que se trata de la Prefectura de Loja: «Hay un error en las declaraciones, porque es el Gobierno Provincial que tiene un litigio con esa empresa constructora; el Municipio no tiene contratos con la empresa Covipal«, comunicó al medio EXPRESO, Wilman Morocho, parte del equipo de prensa del Municipio de Loja.

Por otro lado, Mario Mancino prefecto de Loja, en declaraciones al medio EXPRESO, aclaró que la acción de protección en favor de Covipal fue otorgada durante la administración de Rafael Dávila. Mancino afirmó que su gestión ha cumplido con la disposición judicial, la cual no ordena el pago de $7 millones en multas, sino la exoneración de sanciones impuestas por la Prefectura de Loja a Covipal por incumplimiento de contrato, monto que coincide con la cifra mencionada. Actualmente, Covipal está completando los trabajos en la vía Villonaco-Taquil-Chantaco-Chuquiribamba, conforme a lo dictaminado por el juez. Sobre las alegaciones de sobornos y manipulación para obtener dicha protección judicial, Mancino puntualizó que corresponde a la Fiscalía General del Estado investigar esas irregularidades.

 

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