El Dr. Juan José Morillo dijo: “para que cambie la justicia, no es necesario cambiar la estructura…”
¿En qué parte se desdibujó la institucionalidad del ‘Imperio de la Justicia’ en Ecuador? Desde el retorno de la democracia, la justicia siempre ha estado en la mira de los gobiernos de turno, pero la crisis se ahondó más en estos últimos 14 años.
El problema institucional comienza con la vigencia de la Constitución de 2008, aquí se degrada a la Justicia, de Suprema a Función del Gobierno. La palabra Supremo tiene un gran significado de ‘altísimo’, que no tiene superior en su línea.
En 1822, Antonio José de Sucre emitió el Decreto de creación de la Corte Suprema de Justicia, cuya jurisdicción abarcaba la región sur de la Gran Colombia, pero en la primera Constitución de Ecuador observa la nominación de ‘Alta Corte’, la existencia de Cortes de Apelación con carácter local y de juzgados de primera instancia.
Sabemos la solemnidad de Corte Suprema de Justicia, es la máxima autoridad, es la que se encarga de dar solución a los conflictos en materia civil, penal, laboral, familia, tránsito, etc. Toda la Supremacía de la justicia fue degradada a una función de Estado, hoy vemos las consecuencias de una administración que, a cada segundo, pierde su prestigio por la mala aplicación de los códigos y leyes elaborados bajo la Constitución de Montecristi y que los confunde al abogado en libre ejercicio profesional y jueces, que no tienen un criterio uniforme al momento de resolver, por lo que el ciudadano común observa este mal proceder.
En el informe de rendición de cuentas periodo 2021, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela Rodas, decía: “…en todo estado democrático es fundamental para garantizar el goce de los derechos establecidos en la Carta Magna, contar con un sistema de administración de justicia sólido, el cual se sustente en el respeto irrestricto a la seguridad jurídica, al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, enfatizándose así la importancia del Poder Judicial dentro de la protección de los derechos para el convivir humano”.
¿Creen que este anuncio se cumple?, para nuestro criterio no, porque ‘el respeto a la seguridad jurídica’, se ha irrespetado en estos últimos años, y solo para poner unos ejemplos: el caso Emilio Palacio, arroz verde, el 30S, el mismo Odebrecht y otros, que han desnudado la fragilidad de la justicia.
El Hábeas Corpus, camino a la consulta
El presidente del Consejo de la Judicatura (CJ) Fausto Murillo Fierro, compareció a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, en donde se trató el tema del Hábeas Corpus que el juez de Manglaralto (Santa Elena), Diego Moscoso, concedió a Jorge Glas y sostuvo que “el CJ no puede interferir en las decisiones que emiten los juzgadores. Son ellos los que tienen la responsabilidad y deben responder por sus decisiones”.
Bajo estas declaraciones, el Hábeas indica el camino político que genera la tesis de la liberación al pueblo ecuatoriano de las ataduras de la dictadura y de la monarquía enquistada en la Constitución de Montecristi, es decir, estamos a las puertas de una consulta popular, que determinaría un retorno a la Constitución de 1998, pero con sus debidas reformas.
Hoy, el presidente de Ecuador tiene la capacidad moral y ética para ir a una consulta y preguntar al pueblo ecuatoriano de retornar a la Supremacía de la Justicia, en otras palabras, retornar a los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Cabe recordar que, en la Consulta Popular de mayo del 2011, los ecuatorianos decidieron aprobar la reforma de la justicia, que tenía seis ejes fundamentales como: talento humano, el modelo de gestión, la infraestructura civil, la tecnológica, la gestión financiera equitativa y la cooperación interinstitucional, que son los ejes que pretendían dar un cambio, que hasta la fecha no ha sido visible.
La transformación de la justicia iba a venir desde la Escuela Judicial. Allí, los abogados que salen de las universidades deben pasar por un concurso muy riguroso para entrar. Luego de una formación de seis meses a un año salían los más idóneos para ser los juristas adecuados y especializados en la función judicial, realidad que no se refleja en el accionar de cada uno de ellos.
Según el plan ‘Estratégico de la Función Judicial’, elaborado por las instituciones que conforman el sector, como la Fiscalía, la Defensoría Pública y de los ministerios de Justicia y del Interior, nunca ha sido evaluado desde el 2011, para determinar las falencias que se pudieran presentar e irlas corrigiendo.
Contratación de personal
El primer eje de acción del Consejo de la Judicatura, es ‘Lucha Contra la Corrupción’, pero ningún presidente del CJ ha sido capaz de informar al país, la forma y manera de llenar las vacantes en el poder judicial, que en algunos casos son familias enteras que laboran en esta institución.
Actualmente hemos observado las mismas prácticas de contratación y entrega de nombramientos ocasionales, provisionales sin siquiera respetar las normativas de la Escuela Judicial. Es el momento de transparentar toda esta información, ojalá que lo hagan en el menor tiempo posible.
Un ejemplo es el Distrito Judicial de Loja, como consta en los boletines informativos 1 y 4 de diciembre del 2009 y septiembre del 2010, publicados por el mismo CNJ, argumentos de investigación que no han sido observados y corregidos en su oportunidad, por los diferentes directores. Este malestar de seguro es en todo el país.
En el 2011, la Secretaría de Transparencia y Gestión Social emitía un informe de posible entrega de contratos y nombramientos, sin llamar a concurso de méritos y oposición para llenar las vacantes, denuncia que en su oportunidad la acogió el Asambleísta Mauro Andino, y solicitó en ese entonces al Consejo Administrativo de la Legislatura, califique el llamado a juicio político a los nueve vocales del Consejo Nacional de la Judicatura, pedido que fue acogido por unanimidad, pero a la fecha no se han tomado los correctivos y todo sigue igual y peor, si se puede decir, por los últimos acontecimientos.
Homologación de sueldos
A esto se une el bullado caso de la Homologación de sueldo de los funcionarios judiciales, que motivó a presentar una serie de recursos de protección, que en algunos casos fueron aceptados y en otros se rechazaron, por el simple hecho de no compartir con ese grupo de ‘privilegiados’.
La Plataforma Digital
El ‘Plan Estratégico’ en el 2011, era la activación de la plataforma tecnológica Justicia 2.0, sistema que es vulnerable porque existen apagones de luz, intermitencia del servicio de internet y otros factores que contribuyen a un retraso en lo administrativo y tienen que regresar a lo manual.
Según el Plan estratégico de la función judicial 2019 – 2025, que está publicado en la página web del CJ, establece que “la conectividad o enlace de datos se realiza por medio de una red WAN que comprende de 248 enlaces a nivel nacional con fibra óptica y con un nivel de disponibilidad del 99,80%. También otorga el acceso a internet, que se encuentra centralizado por la institución a nivel nacional”.
Acciones de protección
En el Distrito Judicial de la provincia de Loja, se han presentado en el 2020, 65 Hábeas Corpus; en el 2021, 45 y en lo que va del 2022, 31 acciones, de las cuales no hemos podido determinar el porcentaje de cuántas sentencias se dieron a favor y cuántas se negaron, puesto que dicha información se debe solicitar a nivel nacional.
EXTRACTO
“No hay libertad si el poder Judicial no está separado del poder Legislativo y del Ejecutivo…” – Montesquieu.