Demagogia campea en ofertas para gobernar con consultas populares

COSTOS. Las consultas populares representan altos costos económicos que salen del presupuesto general del Estado.
COSTOS. Las consultas populares representan altos costos económicos que salen del presupuesto general del Estado.

Los candidatos ofrecen gobernar con consultas populares pretendiendo someter a voluntad popular textos íntegros de Ley.

Los debates presidenciales dejaron un sabor amargo en la ciudadanía. A varias de sus propuestas incumplibles, los candidatos pretenden darle un respaldo jurídico con la figura de Consulta Popular que, si bien está dentro del marco constitucional, no todas guardan coherencia con lo que establece la norma suprema.

Ofrecimientos de penas de muerte, cadenas perpetuas y otras reformas punitivas vía consulta, se escucharon durante los tres foros organizados por diversos sectores de la sociedad.

Lejos de ser una oferta de campaña alcanzable, este discurso se mueve más bien dentro del campo de lo que la academia denomina como populismo de reestructura de Estado.

Esteban Ron, estudioso de este fenómeno, explica que esto toma fuerza con el advenimiento de gobiernos que representaron al chavismo, al correísmo y otros con características similares que representaron al llamado progresismo.

La venta desde la política a las consultas populares se las hizo como una forma de reordenamiento o reinvención de Estado con figuras que atendían la participación ciudadana y control social.

Venta de humo

Jorge Benavides, constitucionalista, asegura que las ofertas punitivas mediante vía consulta popular no pasan de ser más que una característica más del populismo del que adolecen las campañas.

Explica que, cualquier iniciativa que tengan los candidatos, necesariamente debe pasar por la Corte Constitucional, para que las preguntas guarden coherencia con la norma suprema.

Según el jurista, el máximo órgano de control constitucional ya se ha pronunciado sobre medidas que tengan que ver con endurecimiento de penas o de restricción de derechos, haciendo notar que solo podrían ejecutarse mediante una constituyente.

Ron coincide con Benavides. Agrega que los candidatos proponen consultas populares pretendiendo hacer creer al electorado que son la base jurídica para sus reformas exacerbadas o propuestas que deambulan en el límite de la Ley.

Consulta requiere recursos

Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD), señala también que una Consulta Popular no representa a una simple encuesta. Esta, dice, requiere de organización electoral y además del financiamiento de recursos que deben proveerse del presupuesto general del Estado, algo que el país no está en condiciones de afrontar.

El analista concuerda con Ron y Benavides, al considerar que son propuestas demagógicas las que se están planteando en la campaña, como por ejemplo, la del candidato Carlos Sagnay, quien plantea realizar una Consulta Popular segmentada solo a mujeres para que decidan sobre el aborto. (FLC)

“Esto es populismo puro y duro que no toma en cuenta que el referéndum tiene un costo altísimo para el Estado, que lo terminamos asumiendo los ciudadanos”. Mauricio Alarcón, director de FCD.

“Esos ofrecimientos los hacen públicamente para llamar la atención, pero jurídicamente no tienen asidero”. Jorge Benavides, constitucionalista.