“Se ha blindado a algunos funcionarios del Gabinete”

SANCIONES. El exasambleísta Daniel Mendoza fue censurado ya en este caso, donde figura como una de las cabezas de la presunta organización. (Foto: Asamblea)
SANCIONES. El exasambleísta Daniel Mendoza fue censurado ya en este caso, donde figura como una de las cabezas de la presunta organización. (Foto: Asamblea)

Los testimonios anticipados rendidos en la CNJ por el caso Hospital de Pedernales podrían generar destituciones en el Legislativo.

La Asamblea Nacional, con 137 parlamentarios, es considerada el primer poder del Estado. Ahí, los legisladores se encargan de conformar las leyes que norman el comportamiento jurídico del país. Supuestos repartos políticos, cobros de coimas y otros hechos de corrupción empañan la gestión y son el espejo de la aceptación popular que tiene la institución que, según encuestas, alcanzan el 2% de aprobación.

Los testimonios anticipados rendidos ayer en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) provocaron reacciones en el parlamento.

Héctor Muñoz, asambleísta independiente por Pichincha, criticó la denominada autodepuración que se pretende hacer desde el Legislativo. Cuestionó, además, los procedimientos que se están llevando dentro de la Comisión de Fiscalización, donde, según dijo, se actúa en base a cálculos políticos.

“Se ha blindado a algunos funcionarios del gabinete de Gobierno. Es lamentable que no tengamos una verdadera independencia de funciones respecto al Ejecutivo”, denunció.

Muñoz, observó el hecho de que uno de los miembros señalados en los supuestos repartos, el asambleísta Franco Romero, sea parte de esta mesa legislativa encargada del control político.

Este medio intentó obtener una versión del citado funcionario, pero su asesor de comunicación indicó que, por ahora, no habrá un pronunciamiento al respecto.

Tiempos y repartos

El 12 de diciembre de 2019, a las 21:06, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, anunció en su cuenta de Twitter la designación de Tito Nilton como titular de la Gobernación de Manabí.

Este nombramiento fue mencionado por Daniel Mendoza en su testimonio anticipado como uno de los acuerdos a los que se llegó para que se archive el juicio político de Romo.

La mañana de ese mismo día, la Comisión de Fiscalización archivó el pedido de juicio político con nueve votos a favor, dos en contra y una abstención. Entre los afirmativos estuvo el de Mendoza.

“Con mi voto se archivó el caso y así se designó a Nilton como gobernador”, aseguró el acusado ante el juez Marco Rodríguez.

El nombre de Romo también fue citado cuando Mendoza se refirió a la asignación de René Tamayo en la Dirección del Servicio de Contratación de Obras (Secob). Según dijo, el exasambleísta Eliseo Azuero, hoy prófugo, le comentó a la Ministra que conocía hace varios años al exfuncionario. El 26 de agosto del año pasado, Tamayo se titularizó en el Secob.

La Ministra de Gobierno desmintió su participación en esta trama. (Ver nota relativa)

En uno de los testimonios también se citó que el juicio político planteado para la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, se archivó gracias a que Mendoza no asistió a votar en la Comisión de Fiscalización.

La funcionaria no se ha pronunciado al respecto, pero en intervenciones pasadas, dijo que su trámite de enjuiciamiento dentro de la Asamblea es un asunto enterrado.

Sanciones y responsabilidades

El artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en su numeral 3, establece como una de las siete prohibiciones para los asambleístas el gestionar nombramientos de cargos públicos.

El legislador por Guayas, Héctor Yépez, dijo que de llegarse a determinar responsabilidades en esta supuesta trama de repartos, el Legislativo tendrá que tramitar inmediatamente un proceso de destitución, de acuerdo con el artículo 164 del mismo cuerpo legal.

El legislador además apuntó como principal responsable de estos hechos a Romo e instó a la Fiscalía para que la vincule en esta investigación y así, desvirtuar afirmaciones que vienen de distintas corrientes que aseguran que existe una justicia parcializada. (FLC)

No hubo conversaciones ilegales

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, aseguró que en ninguna de las intervenciones del asambleísta Daniel Mendoza, se sugiere que ella haya cometido irregularidades y que en ninguna conversación que mantuvo con él se concretaron favores o intercambio de obras.

Reconoció, además, que se reunió con asambleístas, pero en calidad de Ministra encargada de la política y seguridad. “Si los sujetos con los que conversé cometieron delitos, que respondan por sus delitos”, dijo.

La Fiscalía persigue en este caso un delito de delincuencia organizada.Romo insistió en que ella fue la primera en denunciar la trama de corrupción que se gestó alrededor de la construcción del Hospital de Pedernales y que la pretende inmiscuir en el delito como una retaliación.

“En las conversaciones jamás se habla de una obra pública, de un contrato, de recursos económicos”, concluyó.