Yadira Torres
La inseguridad y violencia que vivimos atentan los derechos que como ciudadanos tenemos a la vida y a la propiedad. Las mismas afectan nuestros sentidos e incitan desconfianza, los espacios públicos no son garantía, en casas y negocios tenemos que redoblar la seguridad, trasladarse en transporte público es una odisea, y; si es en vehículo particular obligarnos a subir los vidrios, porque en las esquinas, si voluntariamente no colaboramos con algunos de nuestros visitantes, de alguna forma se nos quiere obligar a hacerlo.
Es desalentador el avance organizacional de la delincuencia. El tráfico de drogas ha insertado armas y corrupción, el menudeo de estupefacientes se ha tomado algunos centros educativos; problemas que no solo afectan la inseguridad, también incrementan problemas asociados a la salud.
Contrariedades que nos someten a vivir una crisis económica, laboral y familiar; llevándonos a un terreno movedizo que exactamente no podemos profetizar. La migración no controlada debidamente nos está dejando secuelas imborrables.
Combatir a quienes han hecho del delito un modo de vida es obligación, haciéndose urgentes reformas que eximan temores en la fuerza pública y les permita actuar, y; a la justicia sancionar.
El sistema penitenciario y su infraestructura deben garantizar condiciones de seguridad y reinserción en el campo laboral de los reos, a fin de que su manutención no se convierta en una carga para el Estado. Endurecer políticas migratorias que prevengan la infiltración de delincuentes.
Esperancémonos en estar a tiempo de combatir esta amenaza social, asumamos como ciudadanos responsabilidad, y busquemos esquemas de prevención y solidaridad para detener la violencia e inseguridad, liberemos temores y sintámonos libres y seguros de habitar nuestra patria. (O)