El 813, un decreto que dejó secuelas en funcionarios

Presión. Los afectados exfuncionarios realizaron una marcha en Quito.
Presión. Los afectados exfuncionarios realizaron una marcha en Quito.

De algunas instituciones salieron empleados con más de 20 años de servicio, esto tras un despido que se hizo de acuerdo al decreto ejecutivo 813, con el que les agradecieron los servicios a casi tres mil trabajadores, bajo la figura de compra de renuncia obligatoria con indemnización, ello a nivel nacional.

Loja no fue la excepción. Así lo manifiesta la representante de la Asociación de Despedidos (Asodep), Piedad Guerrero Vivanco, quien dice que nunca renunciaron a su cargo, sino que fueron sacados de sus puestos de trabajo de forma intempestiva.

La dirigente afirma que nunca vendieron su renuncia y este acto marcó su vida, en razón que no han podido ingresar a laborar en ninguna entidad de carácter público. Tienen la posibilidad de acceder a un puesto en el sector privado, sin embargo, su salida de las instituciones consta como un despido que mancha su hoja de vida, impidiéndoles así laborar.

Piedad Guerrero Vivanco manifiesta que han pasado ocho años y la mayor parte de personas que fueron despedidas no tienen una fuente ocupacional y otras, inclusive, han fallecido en espera de una solución al caso.

Como trabajadores plantearon una serie de procesos judiciales por lo que califican una vulneración del derecho al trabajo, sin embargo, todos estos intentos fueron negados.

Incluso realizaron una marcha en la ciudad de Quito exigiendo se respeten sus derechos y sean devueltos a sus cargos.

En la actualidad

“Pese a haber transcurrido aproximadamente ocho años, no se ha obtenido ninguna respuesta”, manifiesta Piedad Guerrero Vivanco, al tiempo agrega que han planteado una nueva demanda ante la Corte Constitucional, que ha sido aceptada.

La dirigente dice estar a la espera del sorteo correspondiente y aspira, junto a sus demás compañeros, en esta ocasión que el resultado sea favorable. Además, invita a los ciudadanos y al resto de funcionarios despedidos a no claudicar en la lucha por sus derechos.

Vicente Alfredo Romero Tenezaca, periodista lojano y quien laboró por el lapso de 21 años en la Gobernación, al igual que Piedad Guerrero, manifiesta que estos años han sido críticos para todos los despedidos, habida cuenta que esta acción del Estado originó muchas enfermedades en los funcionarios, inclusive problemas de cáncer, en particular a aquellos que fueron sostén del hogar.

En su caso, según cuenta Vicente Romero, exrelacionador público de la Gobernación, se vio empujado a abandonar a su familia para ir en busca de días mejores. Con suerte, dice, logró ubicarse en una empresa privada de la provincia de Morona Santiago. Está allí ocho años. (MNUA-JPP)

La Cifra

3.000 TRABAJADORES aproximadamente fueron despedidos a nivel nacional.