Ronny Correa-Quezada
Desde 2016, los compromisos internacionales asumidos por Ecuador para cumplir con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que reemplazaron y “mejoraron” a los Objetivos del Milenio (vigentes hasta 2015), generan una serie de proyectos, acciones y eventos desde varios sectores (gobierno, consorcios, instituciones públicas, fundaciones, gremios, empresarios, instituciones de educación superior, etc.) con el fin de poder cumplir en 2030 la “Agenda” de metas planificadas.
Hay que felicitar estas múltiples iniciativas que contribuyen a la Agenda 2030, sin embargo, se deben considerar al menos tres aspectos fundamentales, que de no cumplirse harían estériles estas iniciativas por una futura mejora de la calidad de vida con inclusión social y cuidado del medio ambiente.
1) El Ecuador tiene que crecer en su economía al menos al 7% en 2030; cuestión planteada por la misma Organización de Naciones Unidas (ONU), que indica que de no darse esta condición de crecimiento la misma “constituye un riesgo para el importante gasto público en salud, educación, protección social y adaptación al cambio climático”.
2) Planificación territorial de la inversión pública; sin un consolidado sistema de planificación y descentralización de inversión estatal y ordenamiento territorial en Ecuador, es mal priorizada, desarticulada y fragmentada. Los proyectos de inversión pública en territorio deben tener impacto en el bienestar de la población, ejecutarse totalmente y en todos sus componentes, articulados con el territorio y con otros proyectos de inversión presentes y futuros.
3) Priorizar objetivos y monitorear el cumplimiento de los indicadores y metas; es irreal pensar que se pueden abordar todos los objetivos y metas propuestas, el gobierno central debe establecer preferencias de la manera más urgente posible, y así evitar distorsiones y confusiones. Luego, aunque ya se ha encargado al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), la medición de los ODS a nivel nacional, falta por llevar a cabo la comprobación de los mismos a escala territorial (provincial, cantonal y parroquial). (O)