Defensor del Pueblo, Pablo Piedra, dice que existe afectación y el Municipio afirma que se cumple con la ley.
Desde 2012, la Minera Vilcabamba realiza explotación en el afluente que queda en el sector de Santórum, de la parroquia lojana Vilcabamba.
El defensor del Pueblo de Loja, Pablo Piedra Vivar, manifiesta que emitió un informe a finales de enero de una investigación que realizaron sobre el permiso de dicha concesionaria, en la que determinaron alteraciones al derecho al agua, a la consulta ambiental y de la naturaleza que están establecidos en la Constitución.
“Los habitantes alegaron que la explotación producía algunos daños y en lo que verificamos hubo algunas actuaciones que no están enmarcadas en lo que establece la Constitución, lo que podría generar vulneración en los derechos de las personas que viven en el sector”, afirma.
Incluyen infracciones como el certificado de no afectación que no sería del mismo lugar, no constaría que río abajo hay bocatomas para riego, que el Ministerio del Ambiente de Ecuador (MAE) solo exige un registro ambiental, que no estaría preservando la fauna silvestre y que no ha existido socialización con la comunidad.
En tal razón piden al Municipio que suspenda la concesión minera en el río Vilcabamba, que armonice a la legislación acorde a lo que establece la Constitución y reconozca el derecho a la consulta ambiental. A la Secretaría Nacional del Agua (Senagua) solicitan que ajuste sus procedimientos de control sobre el recurso hídrico acorde a los estándares que constan en la Constitución y que rectifique la manera que otorga los certificados de no afectación.
Al Ministerio del Ambiente piden que revise la normativa referente al tema de la obtención del registro ambiental. Mientras que a la Fiscalía solicitan que hagan una investigación sobre un posible cometimiento del delito de falsificación ideológica de documento público.
Contraparte
Kelvin Mora Merino, coordinador de Minas y Canteras del Municipio de Loja, afirma que la concesión fue otorgada en 2012 por el Ministerio de Recursos Naturales no Renovables, a través de la Subsecretaría de Minas Zona Sur 7, a Diego Salgado Rodríguez, quien es propietario de un terreno en el sector. En diciembre de 2014 las competencias pasaron a los municipios.
Desde la fecha dice que solicitaron a los concesionarios que reformulen sus áreas mineras para que cumplan con los requisitos exigidos en la Ley de Minería, Reglamento y Ordenanza, “fue así que se les entregó la concesión minera y luego la autorización del inicio de explotación”, refiere.
Aduce que cuentan con el informe de la Senagua y del Ministerio del Ambiente; además recalca que la extracción es de manera artesanal, por lo que no afecta el cauce del río ni los predios aledaños, incluso precisa que los técnicos están realizando visitas continuas para verificar el trabajo que realizan.
Ante lo que manifiesta el defensor del Pueblo, Kelvin Mora dice que tienen toda la documentación lista para hacerle llegar ya que son documentos públicos. (DVL)
EL DATO
El pedido es que se suspenda la concesión, acción que el Municipio dice que no puede acceder ya que es minería artesanal y trabajan apegados a las normativas.