Luis Muñoz Muñoz
Cuarenta días le tomó a la jueza Daniela Camacho, de la Corte Nacional de Justicia, analizar el proceso por el secuestro de Fernando Balda, para decidirse a dictar el auto de llamamiento a juicio al expresidente Rafael Correa, y a sus “compinches”, Pablo Romero, exsecretario de Inteligencia, y a los agentes de la Policía, Raúl Chicaiza y Diana Falcón, quienes tuvieron participación activa en la comisión del delito, cuyas acciones fueron demostradas procesalmente y no admiten una duda razonable, para dictar el sobreseimiento de los procesados.
En este auto, como dispone la Ley, se dictaron medidas cautelares, como la congelación de cuentas bancarias por un monto “no superior a la multa y a la reparación integral de la víctima”. En vista de que el abogado Diego Chimbo, que patrocina la defensa de los policías procesados, solicitó que se levantara la prisión preventiva de sus clientes y se reemplazara por el arresto domiciliario, la jueza, como es obligatorio en base a lo dispuesto en el Art. 172 inciso tercero de la Carta Magna, se pronunció sobre este pedido y decidió que los dos exagentes continúen recluidos en cárceles.
Empero, Rafael Correa sigue manteniendo que se trata de una “persecución política”, en la pretensión de seguir alentado a sus seguidores obnubilados por la pasión política, y continúen defendiendo a ultranza a quien fungió de líder por una década, la más funesta de la historia republicana, en donde campeó la corrupción y la inmoralidad, y se perdieron los valores éticos.
Correa no dará la cara a la justicia porque se parapeta en el embuste, que la justicia de nuestro país lo va a masacrar, nada más falso, si consideramos que son sus propios sistema de justicia, fiscales y jueces, quienes tendrán que juzgarlo, con una sola diferencia que hoy están libres de las manipulaciones que él usó, para satisfacer su venganza contra los opositores. El mundo gira hoy es al revés. (O)