Santiago Pérez Samaniego
El poder político podría definirse como la capacidad de intervenir en la regulación coactiva del conflicto social. Según Rodrigo Borja, “es la facultad de mando sobre el Estado, es decir, sobre la sociedad política y jurídicamente organizada”, esto se debe a que posee dos características fundamentales que los diferencian de las otras formas de poder: este poder manda sobre todas las personas naturales y jurídicas que habitan en el territorio del Estado (carácter territorial) y por otro lado es el único que puede ejercer coacción física legitima para hacerse obedecer (fuerza).
Así la fuerza o coacción es un elemento exclusivo de esta forma de poder, ya que los otros poderes que obran dentro del Estado están impedidos de usar la fuerza para lograr su obediencia, además que estos últimos mandan únicamente a las personas que se someten voluntariamente a ellos, a diferencia del poder político que se ejerce sobre todo aquel que entre en el territorio de un Estado.
A lo largo de la historia, se ha producido un cambio de perspectiva respecto del poder político; en un inicio el énfasis se encontraba en el elemento fuerza, pero más tarde se relacionó con el derecho, y así la esencia de este poder pasó a ser la autoridad que surge de la ley y que se ejerce dentro de ella, en virtud de que genera para unos el derecho de mandar y para otros el deber u obligación de obedecer.
Me refiero a la legitimidad del poder político, esto es, la justificación jurídica que hace que este poder esté legalmente reconocido. Weber lo explica claramente al delimitar que el poder político es legítimo en tanto impida su uso a personas no autorizadas para ello, por una parte; y por la otra, en tanto sea fundado en un ordenamiento estatuido que defina expresamente el derecho de tener el poder, por ejemplo, la Constitución. (O)