Posiblemente el lunes, 30 de octubre inicie el ciclo académico.
El Consejo de Educación Superior (CES) ratificó la sanción de 60 días al rector de la Universidad Nacional de Loja, Gustavo Villacís Rivas y la notificación le entregaron el miércoles 11 de octubre por lo que a partir del jueves 12 dejó de asumir las funciones.
En tal razón desde ayer, la vicerrectora Martha Reyes Coronel, ocupó el cargo como encargada hasta que se reintegre Villacís a sus funciones.
“Es lamentable la sanción contra el rector, luego de un proceso maratónico”, expresa la rectora encargada quien alega que como vicerrectora académica le correspondió asumir el cargo de acuerdo a Ley Orgánica de Educación Superior.
Inicio de clases
Martha Reyes informó que ya notificó a las autoridades académicas y a funcionarios sobre la subrogación.
Hasta el momento afirmó que hay tres decanos designados y con visto bueno de la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional (CIFI) y quedan pendientes los decanos de la facultad de agropecuaria y del director de la Modalidad de Estudios a Distancia (Ver recuadro).
“Esperemos que eso ocurra hasta mañana (hoy) para que empiecen a trabajar para el inicio de clases que está programado para el 30 de octubre (lunes), pero primero hay que regularizar autoridades, los que están perdidos de ciclo y subir la oferta académica al sistema informático”, afirmó y agregó que los decanos ya están laborando e incluso ya deben empezar elegir a los directores de cada carrera.
Explicó además que el Consejo Académico Superior (CAS) aprobó el calendario para el periodo lectivo 2017-2018, en junio. Luego habría pasado a la CIFI para que dé el visto bueno y se habría demorado alrededor de dos meses.
“Teníamos previsto empezar clases el 10 de octubre, pero por la situación caótica de que había dos docentes por materia, dos decanos (…) ya no se pudo”, aseveró y alegó que aspiran este año académico la situación cambie. (DVL).
Decanos
Posesionados:
Ernesto González en la Facultad Jurídica
Stalin Paladines en la Facultad de Energía y Recursos Naturales no Renovables
Catalina Loaiza en la Facultad de Educación, Arte y Comunicación
Pendientes
Tito Muñoz en la Facultad de Agropecuaria
Cesar León en la Modalidad de Estudios a Distancia (MED).
Sanción
El 26 de julio el Pleno de Consejo de Educación Superior (CES) inició el proceso sancionatorio contra el rector de la UNL, Gustavo Villacís porque el presidente de la Comisión de Intervención y Fortalecimiento Institucional (CIFI), Patricio Noboa, puso en conocimiento del Consejo de Educación Superior un posible incumplimiento por parte del rector al no declarar desierto el proceso COTO-UNL-085-2015, el cual consiste en la contratación del proyecto para la ‘Construcción de la Accesibilidad Física, para las personas con discapacidad, en el Cugfe y Área de la Salud Humana’.
Veeduría determina irregularidades en intervención
El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) conoció el informe final de la veeduría ciudadana que observó el proceso de intervención de la Universidad Nacional de Loja (UNL) llevada a cabo por el Consejo de Educación Superior (CES), a través de la Comisión Interventora y Fortalecimiento Institucional (CIFI).
Mediante videoconferencia Numa Pompilio Pedro Vicente Maldonado, coordinador de la veeduría, dice que “la crisis de la UNL se agudizó por la conducta permisiva y de omisión, además de la negligencia del CES y de la CIFI en este proceso”.
En el documento presentado por los veedores dice que el CES y CIFI omitieron la aplicación y cumplimiento de algunas recomendaciones del informe jurídico, emitido por el CES, así como la aprobación tardía (después de 6 años) del estatuto Orgánico de la Universidad.
Ante lo expuesto por el grupo veedor, las y los consejeros dispusieron se envíe el documento a la Secretaría de Transparencia del Cpccs para que esclarezcan posibles irregularidades que se determinan en el informe.
Además, el informe será enviado a la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, Ministerio de Educación, Contraloría General del Estado (CGE); al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y al Ministerio del Trabajo; para que se realicen las acciones pertinentes sobre el pago de pensiones jubilares a las personas cesadas desde el año 2008.