El juez de la Corte Nacional, Walter Macías, convocó a las partes procesadas y denunciante, para el próximo viernes 3 de septiembre, a las 11:30, para emitir la resolución del caso de “diezmos” de la exasambleísta de la provincia de Loja, Nívea Vélez; y, de la extesorera del movimiento Convocatoria, Adriana Castro, por el delito de cómplice. El proceso judicial ya lleva más de tres años en indagación.
En esta audiencia se conocerá si la autoridad de justicia llama a juicio a las dos implicadas o si emite un sobreseimiento para las ciudadanas, por falta de pruebas u otras causas. En estos días, el Juez analizará todos los elementos expuestos y retomará la audiencia el 3 de septiembre, tras la última suspensión del 17 de agosto de este año. Según la abogada de la exlegisladora lojana, solicita se declare como una denuncia maliciosa y temeraria para su defendida.
Richard González, abogado del caso, reveló que la audiencia preparatoria de juicio por el delito de concusión se cumplió en esta semana y se fijó como fecha para dar un veredicto final el próximo 3 de septiembre. Este es uno de los varios casos que se investigan a nivel nacional, por el caso de diezmos de exlegisladores que han llegado a la Asamblea Nacional en años anteriores.
La Fiscalía cuenta con los elementos de convicción (pruebas) para acusar a Nívea Vélez en calidad de autora directa y a Adriana Castro, como cómplice. Entre las pruebas constan que, desde noviembre de 2009 hasta marzo de 2013, la exlegisladora abusando de su cargo, habría ordenado y recibido de manera ilegal, el pago de contribuciones y donaciones no debidas de parte de sus colaboradores, en especial de uno de sus funcionarios, Vicente O., a quien le solicitó parte de su sueldo para mantenerle en el puesto.
Solo Vicente O., habría depositado cerca de 22 mil dólares, sumado a otros colaboradores, la cifra total alcanzaría los 40 mil dólares. Estos recursos por concepto de contribuciones, cuotas o sueldos, habrían sido depositados o transferidos a la cuenta de la exlegisladora, para cubrir los gastos de la oficina de atención instalada en la ciudad de Loja para el movimiento político. Lo que ahora solicitan es que las dos personas sean llamadas a juicio, se mantengan las medidas cautelares personales y se reforme las medidas de retención de cuentas y la prohibición de enajenar sus bienes.
EL DATO La exlegisladora tiene medidas cautelares desde inicios de la instrucción fiscal. No puede salir del país y tiene prohibido enajenar sus bienes. TOME NOTA Actualmente, la exasambleísta es jubilada de docencia. No está en la administración pública.
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