Las actividades mineras, efectuadas de forma ilegal, han desencadenado en problemas de sicariato, violencia, migración y enfrentamientos entre habitantes de los sectores donde se realizan. Se han perdido alrededor de 200 fuentes de trabajo por actos violentos.
El Consejo de Seguridad del Estado (Cosepe) de Ecuador declaró este año a la minería ilegal como una ‘amenaza’. Entre mineras legales e ilegales, el Ministerio ha clausurado, suspendido o intervenido más de 160 en todo el país, la mayoría legales que no han cumplido la normativa ambiental a la que se comprometieron, indicó el pasado 7 de marzo de 2023, Gustavo Manrique, ministro de Ambiente.
“Minería, sí, con la tecnología adecuada, en el lugar adecuado, y que le dé la riqueza a la comunidad que se merece”, señaló.
Entre los ‘puntos calientes’ de minería ilegal figuran algunas zonas del sur como Puyango-Túmbes, Catamayo – Chira o Macará.
Situación en Macará
En el cantón existen más de 130 concesiones de pequeña minería o artesanal, ubicadas en 29 mil hectáreas de terrenos concesionados, incluyendo el sitio de la quebrada de Mataderos, lugar donde nace el agua para el cantón. Si bien el Municipio cuenta con una ordenanza que declara zona protegida a 7 mil hectáreas, el subsuelo le pertenece al Estado, por lo que este se encarga de autorizar los permisos, comentó a LA HORA, Alfredo Suquilanda, alcalde de Macará.
A pesar de la existencia de la pequeña minería en el sector, las actividades ilegales han generado un sinnúmero de consecuencias negativas como sicariatos, muertes violentas y violencia en exceso, ya que estaría ingresando un alto número de venezolanos y otros extranjeros. Las personas que trabajan en minería ilegal son ciudadanos ambulantes que cuando son perseguidos por la policía ecuatoriana, lo que hacen es cruzar el río y pasarse a suelos peruanos para seguir trabajando y así viceversa de un lado a otro.
Al recorrer las vías El Limón, El Coco, La Bocana, Guarapo, entre otras, se puede observar la minería a gran escala por parte de personas que laboran con permisos, supuestamente legalizados por el Gobierno.
Esto ocurre junto al río, incluso algunos productores de arroz han dejado de sembrar para arrendar las fincas a los mineros y sacar los minerales. “La interrogante es, ¿cómo un río binacional lo concesionan para minería?, ya que esto produce contaminación del agua que da vida al desierto de Perú”, dijo el alcalde macareño.
Reparación
El Gobierno respaldará decididamente a los proyectos mineros legales, fue uno de los anuncios que realizó el secretario Diego Ordóñez. “Se respaldará a las concesiones legalmente establecidas para que puedan ejercer sus actividades en vigencias de sus contratos y autorizaciones”.
También anunció que desde Carondelet se impulsará un plan para la remediación de los sitios afectados por los mineros ilegales, labor que se coordinará con los gobiernos seccionales de cada jurisdicción.
Gualel
A pesar de los enfrentamientos entre los ciudadanos que están a favor y en contra de la minería, registrados hace dos semanas, actualmente en la parroquia, los trabajos de exploración inicial continúan por parte de técnicos y especialistas de la empresa Guayacan Gold, la cual cuenta con todos los permisos para la realización de labores de investigación geológica.
Actividades con responsabilidad
A finales de febrero, la empresa intentó contratar alrededor de 200 personas de las zonas de influencia (Gualel, San Pablo de Tenta y San Lucas) para avanzar con los trabajos de investigación, pero tras algunos enfrentamientos de ciudadanos que se oponen a la minería no se dieron los contratos. Por ejemplo, el proyecto Santiago está en la etapa de exploración inicial, es decir, 100% de investigación geológica.
Hay que recordar que en Fierro Urco ya se han realizado este tipo de trabajos, en esta etapa se incluyen labores de perforación o sondajes, que permiten obtener muestras del subsuelo para su respectivo análisis científico.
Según la empresa, los plantones u otros manifiestos, no paralizarán las labores, porque cuentan con las autorizaciones del Estado. Para los directivos, “quienes se oponen a las labores no son las personas del lugar, sino de afuera, de otros lados y representantes de fundaciones que reciben recursos de otras naciones para defender los recursos naturales”.
Existen algunos ciudadanos de las zonas de influencia que están contentos con las oportunidades de trabajo que les pretendían dar, pero no concluyeron con la firma de los contratos; igual sucede con los prestadores de servicios, como: restaurantes, tiendas y otros negocios que han mejorado sus ingresos por la presencia de los trabajadores.
Además, han manifestado ser una de las industrias más comprometidas con los planes de mitigación y manejo ambiental, además de ser también una de las más reguladas por los entes de control. Finalmente, han realizado llamados a los defensores de la naturaleza a dialogar, a conocer más del plan que cuentan y seguir de cerca el proceso para que logren comprender la manera técnica y científica que desarrollan, sin afectar los recursos naturales.
EL DATO
En Fierro Urco existen siete concesiones mineras que suman 27.272 hectáreas.