En 2021, la Jueza de Quevedo admitió a trámite la acción de protección de la empresa Safety y ordenó el pago de $12 millones a la municipalidad de Loja.
El Municipio de Loja enfrenta una problemática que se generó en mayo de 2015, cuando suscribe el contrato para la prestación de servicios por fotomultas con la empresa Safety Enforcement Seguridad Vial S.A. (SES). Desde que firmó el contrato surgieron algunos incumplimientos, motivo por el que la institución local apertura expedientes administrativos contra la concesionaria.
Este documento tenía vigencia por el lapso de cinco años, por lo que, en mayo de 2020, el Municipio termina el contrato por vencimiento de plazo. Al no existir renovación, Safety emite una serie de demandas ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Loja.
Luego, la municipalidad interpone una denuncia penal ante la Fiscalía de Loja por el presunto ataque de Safety a la integridad del sistema tecnológico de la institución, logrando la aplicación de medidas cautelares en su contra, como lo es la prohibición de enajenar bienes de la compañía, la suspensión temporal de las actividades de la empresa en el cantón Loja y la intervención de la Superintendencia de Compañías.
En el mes de octubre, Safety demanda una acción de protección en la ciudad de Quevedo y la jueza, Jenny Patricia Freire, aceptó dicha figura jurídica a favor de la empresa y solicita públicamente un pago millonario por una supuesta afectación a la compañía. Aunque Freire es jueza de la sala penal de Los Ríos, ha resuelto casos a favor de esta empresa, la misma que mantiene problemas legales en urbes muy alejadas de su jurisdicción: Ambato (Tungurahua) y Loja.
Desde el Consejo de la Judicatura (CJ) confirmaron que el caso está en el departamento de Transparencia, a fin de indagar supuestos “actos de corrupción”. Al momento, un comité realiza un informe para constatar si hubo irregularidades.
Situación actual
Han pasado más de cuatro meses y todavía no se emite la resolución de la apelación a la sentencia dada por la jueza Constitucional, Jenny Freire, en contra del Municipio de Loja, disponiéndole el pago de cerca de $12 millones a la empresa Safety, por incumplimiento del contrato inicial del proyecto de fotomultas. Juristas lojanos defensores están a la espera.
Audiencia
La audiencia de apelación a la sentencia dictada por la jueza se dio el pasado 2 de diciembre de 2021 y hasta la fecha no hay un pronunciamiento de los jueces. “Aún no se hace efectiva la sentencia por escrito del caso, por lo que esperaremos estos días, sino haremos los trámites respectivos para ir a ver en Quevedo, el porqué del retraso”, expresó José Luis Silverio, presidente del Colegio de Abogado de Loja.
Según el dirigente, la semana anterior ya conversó con el resto de los abogados para esperar hasta esta semana, la resolución de la Jueza Constitucional. “Hemos esperado lo necesario y si en esta semana no hay una respuesta, pediremos audiencia y viajaremos a realizar el respectivo reclamo a los jueces. Estamos preocupados, desde diciembre que pasó la audiencia no se sabe nada, ya es hora de tener una resolución, tal como la obtuvo Ambato, que fue favorable para la municipalidad”, reveló.
Diálogos
En días anteriores, según Silverio, conversó con los funcionarios del Consejo de la Judicatura en Quito, donde le notificaron que presente el formulario correspondiente a la denuncia, sin embargo, no lo ha hecho para evitar procesos engorrosos con los jueces. “Nosotros estamos seguros de que la resolución será favorable para la municipalidad, tal como ocurrió en Ambato, debido a que son los mismos casos. La Jueza del caso Safety tiene algunos procesos sumarios administrativos en su contra, pero sigue laborando, porque los procesos administrativos tienen varios caminos a seguir hasta llegar a la sanción o amonestación”.
Seis investigaciones a Freire
Debido a denuncias particulares, Jenny Freire ha enfrentado seis investigaciones desde el año 2020. Ninguna trascendió y todas fueron archivadas por la delegación provincial del CJ.
Por ejemplo, el expediente 0003-2019 fue inadmitido “por falta de requisitos” en la presentación de la denuncia. La investigación INV-0023-2019 se inició por supuestamente no haber “constatado la presencia de funcionarios judiciales en una audiencia”, sin embargo, se la dejó de lado. También hay otra queja por problemas en la “jurisdicción” que nunca se resolvió. A estas, se suma la queja de una persona que llevó su caso a la Corte Constitucional. En un escrito indicó que durante el juicio “quedó en indefensión” por el accionar de la jueza.