Contraloría informa que esta Unidad Educativa se entregó con retrasos, afectando el servicio a la ciudadanía.
La Contraloría General del Estado (CGE) elaboró el séptimo Reporte de control público, con el objetivo de establecer las falencias recurrentes en la construcción y mantenimiento de infraestructura educativa.
El documento se elaboró a partir del análisis de 23 informes de auditoría gubernamental, aprobados entre 2014 y 2022, en los cuales se examinó la ejecución de obras en 19 provincias del país.
Las contrataciones se efectuaron entre 2009 y 2020 por entidades adscritas al Ejecutivo, municipios y empresas públicas. Sobre el desarrollo de esos procesos se emitieron 271 hallazgos de auditoría; luego de categorizarlos y ponderarlos, se identificó que el incumplimiento de los términos contractuales fue la falencia normativa recurrente, seguido por las fallas en el control de pagos y desembolsos, con el 34 % y 21 % del total de los hallazgos, respectivamente.
Incumplimiento de las obligaciones por parte de los contratistas
El 34 % de los hallazgos utilizados para la elaboración del Reporte señalaron falencias en tres ámbitos: especificaciones técnicas, cronogramas de trabajo y perfil del personal técnico. La inobservancia de estos parámetros puso en riesgo la seguridad de las comunidades educativas y dificultó que los inmuebles presten servicios oportunamente, en condiciones óptimas.
Se utilizaron materiales distintos a los establecidos en los contratos y se inobservaron las especificaciones técnicas de los planos y diseños constructivos. Los informes de auditoría advierten sobre vigas sin el recubrimiento mínimo requerido y columnas con irregularidades. Además, no se efectuaron los ensayos de laboratorio y de campo, estipulados contractualmente para garantizar la calidad, resistencia y seguridad de las estructuras.
Cantón Celica, Loja
Por ejemplo, en la cubierta de la Unidad Educativa del Milenio tipo A del cantón Célica, provincia de Loja, los trabajos no se realizaron en concordancia con los planos, originando que las planchas de policarbonato se levanten por el viento. Además, la estructura metálica no se soldó correctamente, por lo que es inestable y peligrosa para los estudiantes y docentes.
En cuanto al personal, las constructoras y fiscalizadoras no emplearon profesionales especializados para el desarrollo adecuado de los trabajos, como ingenieros civiles, hidráulicos, sanitarios, eléctricos y ambientales. Los funcionarios responsables de controlar el desarrollo de los proyectos no verificaron las nóminas de trabajadores, previo al pago de planillas.
Las unidades educativas se entregaron con retrasos, afectando el servicio a la ciudadanía. Los términos para la entrega y finalización de las obras se prorrogaron injustificadamente, sin que se presenten situaciones fortuitas o de fuerza mayor, de acuerdo a lo que dispone la ley.
Falencias en el desembolso de recursos
Con el 21 % de hallazgos, las deficiencias en los procesos de pago conformaron la segunda irregularidad recurrente. Los desembolsos se efectuaron, aunque se incumplieron requisitos como documentación de respaldo suficiente, firmas de responsabilidad, constataciones físicas de las obras y de los equipos entregados, así como su funcionamiento, para garantizar que concuerden con las especificaciones técnicas.
Se realizaron pagos por rubros que no fueron solicitados por las instituciones públicas, volúmenes de obra inexactos, trabajos duplicados o que no formaron parte de los términos de referencia. Además, se suscribieron contratos complementarios por montos mayores a los establecidos en los contratos principales.
Los auditores observaron desfases entre las fechas de presentación de las planillas, autorización de los pagos y la terminación de los trabajos. Por su parte, los administradores de contrato y fiscalizadores de obra no gestionaron ni exigieron que se devenguen los anticipos, ocasionando que los contratistas mantengan recursos públicos en su poder, sin justificación.
Otros hallazgos
El 45 % de los hallazgos se distribuyen en otras irregularidades, relacionadas con incumplimientos por parte de las instituciones contratantes, ausencia de estudios previo al inicio de las obras, falencias en la calificación de oferentes y en la recepción definitiva de las construcciones, fallas en la planificación de las operaciones, etc.
Los informes de auditoría también señalan que las instituciones del Estado se retrasaron en el pago de anticipos, no realizaron los procesos administrativos para contar con la propiedad de los predios y legalizarlos, aprobar planos, obtener permisos ambientales y de construcción, lo que afectó el desarrollo oportuno de los trabajos.
En cuanto a los planos y estudios definitivos, las auditorías advierten inconsistencias en los diseños estructurales, eléctricos y electrónicos; ausencia de estudios de ingeniería, planos, especificaciones técnicas y de análisis específicos sobre las condiciones particulares de los terrenos seleccionados para la implantación de las unidades educativas; y falta de documentos que sustenten la cantidad de equipos solicitados.
EL DATO
Se elaboraron 23 informes de auditoría gubernamental, aprobados entre 2014 y 2022.