José Bolívar Castillo continúa frenando el accionar del periodista Freddy Aponte en Loja.
Luego de algunos años, el caso judicial entre el exalcalde de Loja, José Bolívar Castillo, y el periodista, Freddy Aponte, sigue vigente y la persecución continúa, tras una sentencia de insolvencia, más ahora que Aponte es propietario de un medio de comunicación local.
Persecución
Recientemente el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) le cerró las puertas al periodista. Se le notificó que su usuario quedó inhabilitado y está en estado pasivo por temas de insolvencia y que ya no puede gestionar publicidad para su medio de comunicación en ninguna institución o negocio.
Para Aponte ese estado de insolvencia le está impidiendo el derecho al trabajo y, si a esto se suma que desde el 2009 tiene una prohibición de salida del país y prohibición de enajenar bienes, “después de cinco años las puertas se me siguen cerrando, estoy perseguido por todo lado”, dijo a un medio nacional.
Los efectos de la sentencia de insolvencia impulsada por el exalcalde revocado de Loja, José Bolívar Castillo, continúa causando efecto en el periodista Freddy Aponte y su entorno, ahora, atentan contra su derecho al trabajo. Durante algunos años, el periodista ha enfrentado una persecución sin límites del político Castillo. Uno de los capítulos de este hostigamiento ocurrió en el plano penal: el 9 de agosto de 2011, cuando el Tribunal Segundo de Garantías Penales de Loja declaró culpable al periodista por el delito de insolvencia fraudulenta. Pero, el 26 de marzo de 2013, la sala Penal de la Corte Nacional de Justicia declaró inocente a Aponte y en enero del 2021 el juez constitucional, Enrique Herrería desestimó la acción extraordinaria de protección interpuesta por el exalcalde.
Pero, en el plano civil, Castillo impulsó otro proceso y logró su objetivo: en julio de 2017 la jueza Sarita Ochoa, de la Unidad Judicial Civil de Loja, declaró ‘insolvente’ al periodista. La insolvencia es conocida como una ‘muerte civil’, pues representa una imposibilidad de volver a tener una vida financiera, una propiedad, abrir una cuenta, hacer un préstamo y también imposibilita realizar contrataciones con el Estado. “Fue una sentencia sin sustento”, dijo Aponte a la decisión de la jueza y agregó que “se trató de una represalia política más en su contra”.
Antecedentes
La primera demanda por injurias calumniosas fue interpuesta por Castillo en 2008. Allí Aponte fue sentenciado a seis meses de prisión. El segundo juicio fue por daño moral con una sentencia que lo obligaba a pagar 54.633 dólares, pero el periodista no canceló los valores ‘por carecer de recursos’. Ante ese panorama, Castillo volvió a demandarlo en 2009 por insolvencia fraudulenta; y, en 2011, el Tribunal Segundo de Garantías Penales de Loja lo declaró culpable. Además, le interpuso un nuevo juicio por injurias, el cual terminó en una sentencia de cinco años de prisión. En septiembre de 2013, Castillo, entonces asambleísta por el movimiento Acción Regional por la Equidad (ARE), demandó nuevamente a Aponte por injuria no calumniosa grave tras una entrevista en Ecuavisa, pero la demanda no avanzó.