La crisis política que vive el Ecuador, señalada en el sentido de ilustraciones políticas, se puede calificar como desatinos sobre los intereses comunes de las hordas políticas que actúan de forma desenfrenada al interior e instituciones y que no ha existido distribución equitativa de los privilegios y recursos del Estado.
A la crisis política no le interesa la seguridad jurídica, le interesa el caos para controlar y bajo ese paraguas de ignominia disfrutar de las mieles del poder. Esa es la crisis política del Ecuador, políticos sin pudor diciendo como debe ser el Estado de derecho y los medios de protección de sectores que requieren de la protección del mismo, a través de la seguridad jurídica.
La importancia de la seguridad jurídica para el Estado
Para un Estado, la seguridad jurídica es un deber; para un pueblo, un derecho de garantía constitucional; a través de la seguridad jurídica surge el orden político y el orden civilizado de un pueblo; es por ello que la seguridad jurídica juega un papel de vital importancia para todas las actividades ciudadanas y del Estado en todas las manifestaciones de acción del mismo.
En derecho, la seguridad jurídica implica que la Constitución garantiza a quienes integran un Estado la plena certeza e informa de las consecuencias jurídicas, por su activación de acción positiva o por omisión a norma o mandato expreso.
La seguridad jurídica que no tiene nada que ver con los aspectos políticos de crisis de gobernabilidad, ha sido confundida por una Función del Estado, cuando esa función del Estado es la llamada de hacer respetar la norma constitucional o profundizar en la doctrina de “estar seguros de algo”.
El Estado es el principal regulador de las relaciones de la sociedad (Democracia Representativa y Democracia Directa), quien establece las reglas de la convivencia civilizada y ordenada mediante cuerpos jurídicos, en el sentido más amplio de su deber tiene la potestad de crear la seguridad jurídica, motivada por el ejercicio del poder político, jurídico y legislativo.
La omisión de la seguridad jurídica de los asambleístas
Las manifestaciones humanas de ejercicio del poder, ya sean por doctrina, por sabiduría o avance del conocimiento humano y de las relaciones de sociedad o simplemente por desconocimiento de formación, se producen ‘crisis de gobernabilidad’, que no es otra casa que planes y mecanismos de respeto a normativas constitucionales que agudizar la aparición de una crisis de gobernabilidad; que a la larga es únicamente percepciones políticas manifestadas por intereses políticos de control del Estado.
Los Estados, desde su fundación, sin equivocación alguna, han tenido crisis de gobernabilidad; pero no crisis de cómo es el Estado: Republicano, Monárquico o Autocracias fundamentalistas; nada de eso se manifiesta en una crisis de gobernabilidad.
La crisis de gobernabilidad, término ideológico político surgido desde la Izquierda Política, utiliza la percepción de realidades forjadas hacia un pueblo mediante el usos de la propaganda planificada que utiliza las estructuras comunicativas del Estado; pero aquellos sustentadores o forjadores de Crisis de Gobernabilidad, nunca se refieren a las omisiones constitucionales por parte de las funciones del Estado, caso Ecuador; la Función Judicial; la Función de Participación Ciudadana; La Función Electoral y/o la Función Legislativa sobre las omisiones constitucionales provocadas por dichas funciones del Estado, cuando son los llamados a crear seguridad jurídica.
La omisión de la Función Legislativa sobre aspectos de doctrina para enmendar o reformar normas que la evolución de la humanidad, ciencia y tecnología, las ha dejado obsoletas.
Las omisiones son de buena fe o de mala fe; pero la Crisis Política, debe enfocar las omisiones de toda la estructura del Estado para determinar si verdaderamente un Estado vive una crisis de gobernabilidad o simplemente son señales de crisis de gobernabilidad de funciones del Estado, como la Función Ejecutiva, Electoral o para el presente caso la omisión constitucional de la Función Legislativa.
La llamada ‘crisis de gobernabilidad’, que a la larga se convierte en crisis de seguridad jurídica no al aspecto político ni jurídico de valor del verbo emitido o de la institución; se genera una inseguridad jurídica a la palabra ya sea expresada oralmente o mediante la escritura; esa palabra es la que genera obligaciones morales y éticas; y , más aún si esa palabra se la relaciona con un Estado.