Ley de Defensa de la Dolarización se hunde en medio de cálculos políticos

    136
    META. Un manejo responsable del Banco Central protege a la dolarización.
    META. Un manejo responsable del Banco Central protege a la dolarización.

    La Asamblea rechazó por segunda vez el trámite de ese proyecto, pero ahora argumenta que es inconstitucional. El desembolso de $450 millones desde el FMI todavía se puede salvar.

    Ayer, cuatro de los siete miembros del Consejo de Administración Legislativa (CAL) votaron en contra del trámite de la Ley de Defensa de la Dolarización. Según Ana Belén Marín, asambleísta de Alianza PAIS, el motivo fue porque el proyecto tiene “14 inconstitucionalidades”.

     “No permitiré que una ley transgreda la Constitución por más compromisos que se tenga con organismos internacionales”, dijo.

    Entre esas inconstitucionalidades estarían temas como la designación de los miembros del directorio del Banco Central del Ecuador (BCE) y la Junta de Regulación Financiera a través de la Asamblea y no mediante nombramiento exclusivo del Ejecutivo.

    Sin embargo, abogados constitucionalistas, como Ismael Quintana y Gonzalo Muñoz, cuestionaron severamente la decisión del CAL porque, según el artículo 56 de la Ley de Función Legislativa, esa instancia no tiene atribución para determinar la inconstitucionalidad o no; sino sólo limitarse a verificar el cumplimiento de los requisitos formales del proyecto de ley.

    Cálculo político

    Jaime Carrera, miembro del Observatorio de la Política Fiscal, recalcó que los asambleístas están actuando políticamente sin ninguna consideración sobre el presente y el futuro del país.

    “El tema central de la Ley es impedir que los Gobiernos le presten plata al Estado para financiar el gasto público. No se está privatizando el Banco Central con la creación de un directorio independiente, además, esa entidad seguiría siendo parte de la función ejecutiva, donde reside la facultad de establecer la política monetaria”, aseveró.

    Diego Olmedo, analista económico, lamentó que los asambleístas muestren un grave desconocimiento sobre las funciones del Banco Central y actúen sin criterio técnico frente a un proyecto de ley que, enviado bajo la calificación de urgencia económica, no solo es parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), sino sobre todo una necesidad para institucionalizar al país.

    “La señal que estamos enviando al exterior, y que puede volver a disparar el riesgo país, es que somos incapaces de llegar a acuerdos mínimos sobre reformas indispensables para nuestro desarrollo”, acotó.

    ¿En riesgo desembolsos de los multilaterales?

    A finales de abril o comienzos de mayo 2021, el acuerdo con el FMI prevé un desembolso de $450 millones, el cual está atado a la Ley de Defensa de la Dolarización. A criterio de Fausto Ortiz, ex ministro de Economía, el rechazo de la Asamblea deja sin piso la llegada de esos recursos y pone en riesgo líneas de financiamiento con otros multilaterales.

    Sin embargo, Carrera recalcó que el actual Gobierno debe hablar inmediatamente con los técnicos del FMI para explicar la situación política y electoral que se está viviendo.

    “En el acuerdo no está claro si la aprobación de la ley es el requisito indispensable para el desembolso. El Fondo sabe la situación del país y se ha mostrado flexible con las metas, por lo que se puede explicar que el Gobierno cumplió con el envío del proyecto a la Asamblea”, aseveró.

    En ese sentido, el ministro de Economía, Mauricio Pozo, tendría campo de acción para salvar el último desembolso que corresponde a la actual administración, pero las próximas transferencias dependerán exclusivamente del próximo Gobierno y cómo renegocie el acuerdo. (JS)

    Para 2021, el acuerdo con el FMI establece desembolsos totales por $1.500 millones y $3.500 millones más vendrían de otros multilaterales.
    El Gobierno puede insistir en el envío de la ley a la Asamblea, luego de hacer ajustes o pedir su criterio a la Corte Constitucional.

    Próximo gobierno necesitará más préstamos

    Solo para cubrir el déficit fiscal (más gastos que ingresos) y los pagos de la deuda pública vigente, el próximo gobierno necesitará $8.000 millones de nuevo financiamiento hasta el 31 de diciembre de 2021. Además, hay que sumarle atrasos de obligaciones con proveedores y otros que, hasta la fecha, suman $1.262 millones.

    Si no se cumplen los acuerdos con el FMI, o se los negocia de manera adecuada, se perdería el 54% de las fuentes baratas de crédito (3% a 4% de interés) y se tendría que volver a recurrir a China (9% de interés) o a la emisión de bonos en los mercados internacionales (10% a 11% de interés).