domingo, mayo 16, 2021

Lawfare

Paco Moncayo

La palabra ‘warfare’, se traduce al idioma castellano como ‘guerra’, la palabra ‘lawfare’ podría traducirse como guerra jurídica, pero se entiende mejor como judicialización de la política; esto es, la utilización de la función judicial para perseguir a los adversarios políticos, con la finalidad de inhabilitarlos, manteniendo una apariencia de legalidad.

En Ecuador, la politización de la justicia ha sido práctica recurrente de los gobiernos. La historia recoge innumerables episodios. En el gobierno del presidente León Febres Cordero, los vehículos blindados del Ejército rodeando el edificio de la Corte Nacional de Justicia, también el caso de la denominada ‘pichicorte’ y la metida de la mano a la justicia en el período de Rafael Correa. Las irregularidades en el concurso para nominar a los miembros de la Corte Nacional destaparon un escándalo de grandes dimensiones.

En regímenes democráticos, cuando se respeta la división e independencia de las funciones del Estado, es más difícil que esto suceda; no así en gobiernos autoritarios como los que aplican el modelo del mal llamado socialismo del siglo XXI.

De la politización de la justicia deviene su contraparte: la judicialización de la política. El mandatario, al tener control sobre jueces y fiscales, persigue a la oposición y anula a cualquier oponente que considera un obstáculo. Todavía está fresco en la memoria colectiva el caso del Gran Hermano, los periodistas condenados y también los miembros de la Veeduría nombrada por el mismo presidente. Distinta ha sido la conducta de Lenin Moreno que ha respetado celosamente la independencia de las otras funciones del Estado.

El expresidente Correa ha ofrecido apoyar la gobernabilidad del país en el período que iniciará el próximo 24 de Mayo, con el pedido que cese la ‘lawfare’, dando a entender que los juicios y sentencias en contra suya y de algunos de sus colaboradores son fruto de una persecución política. Estamos seguros que Guillermo Lasso, como demócrata que es, dejará que la justicia resuelva los asuntos que constitucionalmente le competen, siempre alerta para evitar que en Ecuador vuelva a imperar la impunidad como corolario de los acuerdos de trastienda.

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