jueves, mayo 6, 2021

Ineptitud

Paco Moncayo

El Estado, no importa el sistema político que lo rija, requiere de una burocracia profesional, honesta, eficiente y regida por leyes de carrera basadas en el mérito. Los valiosos servicios que debe brindar, se pagan con dineros del pueblo que merece una atención de calidad y universal, sin privilegios o tratamiento especial.

El Presupuesto general del Estado asigna más de $11.000 millones al gasto corriente.

Esto es lo que les cuesta a los ecuatorianos recibir un trato muchas veces displicente y servicios de baja calidad; en cada ciudad, los ecuatorianos pagan impuesto predial, contribución por mejoras y varias tasas por servicios que muchas veces no reciben o son, caros, tardíos e inseguros; las personas afiliadas a la seguridad social pagan un porcentaje de sus ingresos, al que se suma el de los empleadores y del propio Estado, para, de igual manera, recibir una atención que deja mucho que desear.

A la ineptitud generalizada del servicio público, convertido en botín político de los gobernantes de turno, se suman infelizmente la corrupción y la improvisación que la pandemia provocada por el sars-cov-2 se encargó de desnudar y dejar un doloroso saldo de fallecidos, muchos de los cuales, probablemente hubieran salvado sus vidas con una mejor gestión. Esto no justifica el comportamiento de muchas personas que, en la era del ‘vale todo’, han aportado al desastre a través de conductas imperdonables.

Contrasta esta situación con la de Estados que, inmediatamente declarada la pandemia por parte de la OMS, activaron sus sistemas de seguridad, conformaron fuerzas y grupos de tarea multidisciplinarios e interinstitucionales para llevar la crisis y, una vez anunciada la producción de vacunas, movilizaron al servicio exterior para asegurarse su provisión, conforme a las necesidades nacionales, a la vez que iniciaron planes de vacunación que se ejecutan con tropiezos menores, gracias a esas previsiones.

Lamentablemente este no es el caso de Ecuador y será el nuevo gobierno que, luego de una evaluación técnica (no politiquera) de la inseguridad, inicie las rectificaciones que urgentemente se requieren.

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